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¡DEFENDAMOS A NUESTRA GENTE!

En las cárceles del Estado español se imponen todos los días a las personas presas toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Las torturas y maltratos son frecuentes y existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quienes lo padecen. Se traslada arbitrariamente a la gente, muchas veces como castigo, desarraigándola de su entorno social y familiar, y se obstaculizan las comunicaciones con el exterior, imponiendo arbitrariamente intervenciones de las mismas y todo tipo de restricciones. La explotación laboral es enorme, llegando a cobrar muchos trabajadores presos salarios de alrededor de un euro la hora y, a veces, menos. El acceso a la cultura es casi inexistente y se puede prohibir, por ejemplo, cualquier libro o publicación, por “motivos de seguridad”. En las cárceles de mujeres se sufre una doble discriminación, por presas y por mujeres, y son frecuentes los abusos sexuales por parte de los carceleros. 

La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unos cuidados médico-sanitarios iguales a los de cualquier ciudadano, y se abandona a los enfermos sin proporcionarles, como en el caso de quienes padecen hepatitis C, la medicación y los tratamientos que podrían salvarles, porque la autoridad carcelera se niega a sufragarlos, aun desobedeciendo decisiones judiciales. La deuda acumulada de Instituciones Penitenciarias con la sanidad autonómica, a la que se ha encomendado la atención hospitalaria de las personas presas sin ninguna dotación presupuestaria, es de cientos de millones de euros.

Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos graves, incurables y terminales más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Además de que el tráfico de drogas ilegales está consentido, fomentado muchas veces por los mismos carceleros, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide. Los médicos son a menudo cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. La mortalidad es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y menudean las muertes en circunstancias extrañas y dudosas, que nunca se aclaran, pues no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.

Las personas presas están indefensas ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los presos, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.

Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Muchas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Hacemos un llamamiento a unirse a nosotras a todas las familias, amistades y vecindario de personas presas, y a toda persona sensible y respetuosa de la dignidad humana.

¡NI UN MALTRATO, NI UNA MUERTE MÁS EN PRISIÓN!

           El 28 DE DICIEMBRE, A LAS 11:00, CONCENTRACIÓN FRENTE A LA                            SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS                   (CALLE ALCALÁ, 38-49. MADRID)

¡POR LA SEGURIDAD, DIGNIDAD Y LIBERTAD DE LAS PERSONAS PRESAS!

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria