En un artículo, cuya traducción al castellano ponemos a continuación, publicado en la página web del semanario alternativo catalán La Directa el 30 de noviembre y firmado por Gemma Garcia, nos explican cómo un año después de la muerte de Lewys Alfaro Orraca, cuando estaba sometido al inhumano régimen de aislamiento en la cárcel de Brians I, denunciada en muchas ocasiones por malos tratos y torturas contra las personas allí encerradas, las autoridades catalanas responsables todavía no han respondido a las legítimas preguntas de la familia del muchacho. Aquí se puede ver un vídeo donde su hermana Leisy y su madre, Juana Bárbara, explican cómo lo ha estado viviendo su familia.
El 30 de noviembre de 2017, el joven de tan sólo 29 años se colgó en la celda número 208 del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) de la cárcel Brians I. Aunque exigirlo na reiteradamente, la familia no ha conseguido la documentación completa del expediente y esta semana, con iridia, ha presentado la reclamación administrativa para esclarecer su muerte
Han pasado 365 días desde que Lewys Alfaro Orraca apareció muerto en la celda de aislamiento número 208 de la prisión de Brians I. Ha pasado un año y las preguntas atropelladas que desde entonces cruzan las vidas de su hermana Leisy y su madre Juana Bárbara no han encontrado respuestas. Esta semana, la asociación por los derechos humanos Iridia ha presentado una reclamación administrativa con el objetivo de conocer la verdad y conseguir una asunción de responsabilidad por parte de la administración, en este caso de la Generalitat de Cataluña, que tiene las competencias en materia de servicios penitenciarios.
En el momento en que se hizo público el caso de Alfaro, ya denunciaron que no habían tenido acceso al informe médico que debería aclarar la razón por la que, mientras el joven estaba en el DERT (departamento de régimen cerrado), le recetaron tranquilizantes, ansiolíticos y antipsicóticos. Lo único que se aporta al expediente judicial es la hoja de la medicación que se le recetó dos días antes de su muerte. Iridia subraya que un tratamiento de este tipo implica que un sanitario supervise la ingesta de la medicación para asegurar la toma. Por lo tanto, durante su estancia en el departamento de aislamiento, Lewys Alfaro debería haber recibido una visita médica o psiquiátrica. A pesar del evidente cambio en su estado anímico, no se aplicó ninguna medida ni el Protocolo para la prevención de suicidios. ¿Quién lo visitó? ¿Qué certificó? Son más preguntas que, a pesar de la insistencia, han obtenido un silencio que ya dura un año entero.
Lewys Alfaro había nacido en Cuba y desde hacía once años vivía en La Torrassa, en L’Hospitalet de Llobregat, pero los últimos cinco meses los había pasado en prisión por un hurto, a la espera de un juicio que no llegaba nunca. El 30 de noviembre, en un momento indeterminado entre las cuatro y las seis de la tarde, «se colgó» con una sábana de los barrotes de la ventana de su celda. Quince días después de su muerte, llegó su carta de libertad inmediata.
Aunque el Consejo de Europa establece que el aislamiento sólo se puede imponer en casos excepcionales y en un período definido y tan corto tiempo como sea posible, varias organizaciones en defensa de los derechos humanos reclaman acabar con la aplicación de este régimen, que conlleva hasta 21 horas al día en la celda. Sirecovi, en un informe reciente, denuncia que ha recibido muchas quejas por malos tratos al DERT, especialmente en Brians I, donde, además de Lewys al menos los últimos cuatro años se han suicidado dos personas más: Raquel E.F. y Gina Katherine Gómez. Iñaki Rivera alerta de que desde el mes de marzo hasta ahora, según una investigación en curso, se habrían producido ocho o nueve muertes en estas circunstancias en Cataluña. El Departamento de Justicia aseguró a la Directa que durante el 2017 de los ocho suicidios de población reclusa, dos eran de personas en aislamiento y que este año y hasta mediados de octubre, cuatro personas se habían quitado la vida, dos en departamentos especiales.
Siguiendo el procedimiento convencional por muerte violenta, en un primer momento, el juzgado de instrucción, en este caso de Martorell, abrió diligencias previas, pero concluyó que no había un ilícito penal y por tanto, no identificó ningún autor. Por esta razón, desde Iridia han abierto la vía administrativa. «Queremos verdad. Por la vía administrativa abrimos la posibilidad de obtener la documentación completa y poder reconstruir los días previos a la muerte de Lewys», explica Mireia Salazar Gabarró de iridia. La abogada del área de prisiones denuncia una falta de transparencia por parte de la administración que conlleva una «revictimización de la familia». La madre de Lewys Alfaro asegura que no se detendrán «hasta que no encontramos la realidad y los culpables que no fueron capaces de atenderle o darle la asistencia requerida». E insiste en la necesidad de «claridad»: «saber para entender, asimilar y aceptar».
