Reproducimos la mayor parte de la información de esta noticia a partir de la publicada en el blog de la Coordinadora Antirrepresión de Murcia, gracias a la cual, en gran medida, fue posible la rueda de prensa. Apoyaron también la convocatoria de la familia, además de nuestra asociación y la citada coordinadora, las asociaciones Convivir Sin Racismo y Gitanas Feministas por la Diversidad. 

La familia y el abogado reiteran que denuncian la falta de información que hasta el momento tienen que soportar, el obscurantismo con el que las instituciones están llevando a cabo este asunto.

Denuncian todo el proceso de principio a fin: la brusquedad con la que reciben la noticia por parte de una persona que ni siquiera se identificó, el envío del cadáver de Manuel por una funeraria con la instrucción de que no se destapara todo el cuerpo; no acompañar ningún documento explicativo y la indicación verbal de que se enterrara.

Se opusieron a estas indicaciones y vieron con estupor que el cuerpo presentaba numerosos signos de violencia y rigidez del cuerpo como si hubiera muerto atado a una silla. Llamaron a la policía para que fueran testigos de lo que estaba sucediendo pero esta se inhibió.

Apreciaron la nariz rota, magulladuras en la frente y dos puntos en la barbilla ¿quizá de un taser?

Contactaron con abogados y exigieron documentación, pero solo les llegó un informe del forense que constataba el suceso como «muerte súbita»  y como descripción externa «cicatrices» y cuatro «fotos negras». Solicitaron una segunda autopsia que han denegado y se ha enterrado a Manuel perdiéndose así las pruebas.

El abogado informa de que este no es un caso aislado, se presentan muchos y afirma que sorprende la actitud del Ministerio Fiscal, no solamente pasiva en sus «investigaciones», sino de oposición a las iniciativas de las defensas de las víctima

Según cifras del ministerio del interior de 2016, se han producido 203 casos de muertes en prisión y de ellos 19 han llegado a la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la tortura. De 2001 a 2016, han tenido lugar 3738 muertes bajo custodia y 590 se han reportado a dicha Coordinadora. Parece que son cifras suficientemente altas para que se tomen medidas y que no queden archivadas y los responsables impunes.
Las personas en presidio relatan que son víctimas de humillaciones, malos tratos, que son sedados con barbitúricos para que no molesten e incluso que se los proporcionan «generosamente», dándose casos de suicidio por sobredosis de los mismos. No denuncian formalmente mientras sufren estas violaciones de DDHH por miedo a represalias.

La representantes de AGFD, denuncian, además, que los gitanos y gitanas en presidio son doblemente víctimas, por la gitanofobia implantada en nuestra sociedad.

Las familias actualmente se están organizando en asociaciones como «Familias ante la crueldad carcelaria» para denunciar y detener esta oleada de muertes sin esclarecer. Es el caso de la familia de Manuel que exige justicia, que se conozcan las circunstancias de su muerte y se delimiten las responsabilidades.

Ir a descargar