Entre algunas cosas que hemos recibido por correo electrónico y lo que hemos encontrado en un página web llamada Solidarios de la sanidad, hemos reunido la siguiente información sobre unas interesantes jornadas:
EL JUEVES 22 DE MARZO, DENTRO DE LAS I JORNADAS SALUD Y SOLIDARIDAD QUE SE CELEBRAN ENTRE VALLADOLIDO Y CUÉLLAR (SEGOVIA), DEL 22 AL 24 DE MARZO, EN EL CENTRO CÍVICO ESGUEVA (ANTIGUA CÁRCEL DE VALLADOLID) SE HABLARÁ DE LA SITUACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN LAS PRISIONES:
Lo que se esconde tras los muros, la manipulación mediática con la intención de endurecer el Código Penal para reforzar el castigo a la pobreza y la exclusión social afianzando la cadena perpetua. Sin embargo, los datos de la realidad delincuencial española contradicen la furia punitiva que se ha desatado:
– largas penas de prisión por pequeños delitos acumulados
– la fuerte interrelación entre pobreza, exclusión social, drogas, locura y cárcel
– la doble discriminación de las mujeres presas
– el creciente déficit democrático dentro y fuera de las cárceles
– la deplorable asistencia sanitaria en prisión. Los casos concretos de las enfermedades por VHC y VIH.Recortes e incumplimientos
– la salud mental y la prisión como un tándem incompatible
– presos enfermos y enfermos presos
– la lucha actual de los presos por su dignidad
– la solidaridad traspasa los muros.
Todos estos temas serán el objeto de la primera jornada de salud y solidaridad. Participa con nosotrxs y apoya la lucha de los presos y sus reivindicaciones.
LA SALUD ROBADA ENTRE CUATRO MUROS. Notas sobre la asistencia sanitaria en las prisiones
Ante las I Jornadas Salud y Solidaridad que tendrán lugar los próximos días 22 y 23 de Marzo en Valladolid, cabe preguntarse en primer término cuál es el conocimiento que se tiene y la percepción actual de nuestra sociedad respecto de las personas presas en nuestras cárceles y en particular sobre sus condiciones de salud y la asistencia sanitaria tras las rejas El abogado madrileño Pepe Galán, expresaba así su inquietud en la reciente presentación del documental de la COPEL organizada por CNT Valladolid:
Los muros de las prisiones no son tan altos para evitar que los presos se escapen sino para que no podamos ver lo que hay dentro.
Es una inquietud que compartimos, cuando además y desde hace unos años se está levantado otro muro, esta vez mediático y con intenciones claramente punitivas. Un muro que construyen cada día las tertulias de los medios en base a medias verdades o informaciones sesgadas, como ocurre con la manipulación informativa en torno a la nueva cárcel de Málaga y lo que es mucho más grave: la utilización política del dolor y la indignación causada por el crimen del niño almeriense, tratando de elevar esos hechos trágicos a una causa general en favor de la cadena perpetua.
Un muro que nos confunde y nos trata de alejar de los datos de la criminalidad real en nuestro país, de sus causas y de las alternativas que puedan ser útiles para el conjunto de la sociedad y cumplir en algún modo los supuestos objetivos de reinserción que le atribuye a la cárcel la Constitución .
Muro que ha facilitado sin embargo los sucesivos endurecimientos del Código Penal que vienen castigando la pobreza y la exclusión social, pero en ningún caso evitan la reiteración de esos crímenes de los que se hace tanta manipulación mediática. Un claro ejemplo de esto ocurre en EEUU, espejo en que se miran muchos de nuestros tertulianos y neo-legisladores. Baste recordar que la gran movilización que suscitó el caso Lindbergh en los años 30 sólo sirvió para sofocar el sentimiento abolicionista que existía contra la pena de muerte y afianzar ésta en más Estados de la Unión, reforzándola con leyes especiales De entonces a la actualidad, con la cadena perpetua y la pena de muerte vigentes, EEUU es el país del mundo con mayores tasas de criminalidad y muertes violentas, exceptuando los países en guerra.
Tras los muros de las prisiones españolas:
Se oculta deliberadamente que nuestra tasa por homicidios es solamente del 0.7% frente al 4,1% promedio de la OCDE, y la de reclusión por delitos contra las personas apenas supera el 16% frente al 76 % de los delitos que lo son contra la propiedad y el patrimonio, y que en un 80% de éstos, se trata pequeños delitos contra la Salud Pública por el consumo o el llamado trapicheo de drogas, o de los cometidos con el fin de obtenerlas o bajo su influencia ,en su mayoría hurtos, robos de coches o pequeños robos en comercios y/o domicilios Otros datos concluyentes demuestran la certeza de que nuestro Código Penal lo que castiga con más severidad es la pobreza y la exclusión social:
Según los datos que recoge la RESCOP (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario) antes de su ingreso en prisión, casi la mitad de los reclusos estaban en desempleo y/o integrados en la economía sumergida, más de la mitad tenían antecedentes de abuso de drogas o dependencia de ellas, un 13% procedían de Centros de Menores y uno de cada cuatro reclusos tenían problemas de Salud Mental previos a su reclusión penitenciaria
Como señala Jorge Ollero, coordinador del Área Jurídica y de Justicia Restaurativa de la Federación Andaluza:
Las que acaban en prisión son las personas más pobres, más vulnerables, procedentes de barrios desfavorecidos y con problemas de drogodependencias. Suelen ser chicos jóvenes, que comienzan en el consumo de drogas de una manera desordenada, con poco cuidado para su salud, y al meterse en esa espiral de drogodependencia acaban cometiendo muchos delitos de poca entidad, pero que se les van sumando, y acaban en prisión cumpliendo condenas de 15 o 20 años por haberse pasado unos años robando radios de los coches y cosas por el estilo.
España es el país de Europa, junto a Portugal y Grecia , donde se da la menor tasa de criminalidad (un 27% menor que el promedio europeo) y paradójicamente su población reclusa supera el doble de la media europea (y concretamente un 32 % por encima de países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia), lo que es En España más de un 40% de las y los reclusos está sujeto a tratamiento por trastornos mentales debido en gran parte al aumento de duración de las penas tras sucesivas modificaciones del Código Penal y a las numerosas situaciones de prisión provisional preventiva por la lentitud del sistema judicial y también a la importante tasa de reincidencia, por las mismas causas. Los datos corroboran el hecho de que
Existe una interrelación más que evidente entre pobreza, exclusión social, drogas, locura y prisión:
–Un13% de los reclusos procede de los Centro de Menores.
–Un 80% de los reclusos consumían sustancias estupefacientes antes del ingreso.
–Un 25% se inyectaban estas sustancias antes de entrar en prisión.
–Un 32,4% proceden del paro y Un 35% de la economía sumergida.
-Dos de cada tres reclusos vuelven a delinquir.
–El 80% de los que ingresan en torno a los 20 años vuelve a prisión al menos 4 veces más y por las mismas causas.
La doble discriminación de las mujeres presas
Respecto de las mujeres presas hay algunos datos específicos muy relevantes:
–En tres de cada cuatro mujeres que ingresan en prisión la causa principal es la búsqueda de una solución inmediata a situaciones de precariedad en su entorno familiar y social.
–La tasa de mujeres en prisión es la más alta de Europa, 2 puntos por encima del promedio (7,6% frente a 5%)
–El 50% de las reclusas lo está por delitos a pequeña escala contra la salud pública (tráfico de drogas)
–Los casos de condenas por delitos contra las personas (homicidios, lesiones, violencia de genero) se circunscriben al ámbito familiar y en un porcentaje superior al 80% han sufrido malos tratos previos de sus parejas
Pequeños delitos, largas penas y creciente déficit democrático
Es bien llamativo que existan largas penas de prisión por pequeños delitos continuados y situaciones en la que la propia cárcel se convierte en el motivo de dichos alargamientos de condena.
Y en contra de lo que se suele transmitir por los medios, España es el tercer país con tasa más altas de Seguridad, sólo superado por Suiza y Luxemburgo.
Por otra parte y aunque el Código Penal en España sea ya de los más duros del continente, los Tribunales Supremo y Constitucional han comenzado a admitir en sus sentencias determinados supuestos y doctrina jurisprudencial de lo que se conoce como Código Penal del Enemigo, es decir que se enjuicia a las personas más allá de los hechos delictivos .Las recientes sentencias por opiniones expresadas de forma pública o en las redes sociales lo ponen de manifiesto. En palabras del catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo en nuestro país se está transitando del Estado Social al Estado Punitivo.
España hoy por hoy, ya contiene en su legislación actual la llamada prisión permanente revisable, la cadena perpetua, para entendernos, y más dura que ninguna otra en Europa (*) pero ,apoyándose en el tratamiento morboso, ya citado , de algunos crímenes execrables, el Gobierno pretende aumentar más aún si cabe el rigor punitivo para todas las personas presas.
Una asistencia sanitaria doblemente precaria e insuficiente
Este es un país en el que, paradójicamente, está reconocido el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en forma equiparable a las personas que gozan de libertad. Desde su aprobación por la ley 16/2013 de Cohesión y Calidad del SNS la transferencia de los servicios médicos penitenciarios a las Comunidades Autónomas está pendiente de cumplirse (el plazo de 18 meses expiró en diciembre de 2004 ) de tal modo que los sanitarios de las prisiones siguen siendo funcionarios del Ministerio de Interior y por tanto están sujetos a su disciplina jerárquica, y no a los Servicios Nacionales de Salud, salvo en la Comunidades Autónomas Vasca y Catalana donde se han dado algunos ligeros pero significativos avances, fruto de dicha transferencia de competencias y, como afirma Sandra Melgarejo en Revista Médica nº 228:
Los médicos en la cárcel también se sienten prisioneros.
En este contexto general y con la asistencia sanitaria pública en regresión, afectando cada vez más a una gran mayoría de la población como somos las clases trabajadoras, serán las y los locxs y presxs , que ya padecían desde años atrás un grave déficit en sus prestaciones , quienes están viendo más mermada aún si cabe la atención sanitaria que reciben y es a ellos a quienes afectan más los intensos recortes que aplican el actual Gobierno y las demás instituciones públicas.
Por ejemplo La plantilla médica para las prisiones de Castilla y León es de 52 médicxs, pero hay 16 vacantes, un tercio, que no se cubren y lo mismo sucede con las situaciones de baja laboral por diversos motivos. Además, la asistencia que se da en los módulos hospitalarios de seguridad para la atención especializada es deficiente, con escaso respeto a la dignidad de los reclusos y con gran frecuencia los problemas de seguridad de los traslados y otros dependientes de la Institución hacen que se pierdan las citas previamente establecidas de manera habitual, con el consiguiente perjuicio para los reclusos enfermos.
La exigua partida que se dedica al tratamiento de la Hepatitis C entre la población reclusa así como la pretensión de gravar económicamente los sufrimientos psíquicos de los afectados en su salud mental, y los ahorros de sus familias ,mediante la privatización de los servicios de Salud Mental, son ejemplos muy ilustrativos de lo que decimos.; ni siquiera nos consta que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y sus Plataformas se ocupen de estos problemas, al margen de sus menciones sobre prevalencia de las enfermedades infecciosas en este sector y su capacidad de contagio fuera del gueto de las cárceles .Lo mismo sucede con los Partidos políticos y los sindicatos institucionales, pues pocos votos les darían hacerse eco de ello, suponemos.
En base a los datos contenidos en el informe de la APDHA (Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos de Andalucía) adscrita a la CPDT (Coordinadora contra la Tortura) “La salud robada entre cuatro muros” podemos afirmar que hay al menos un 22% de personas presas afectadas por el virus de la Hepatitis C (unas 14.000) y de ellas, casi la mitad está asimismo infectada por el virus VIH . Resulta muy difícil establecer cuantos han recibido o reciben ahora mismo tratamiento. IIPP reconoce que hay al menos 1200 que no lo reciben aún, una cifra poco creíble En el caso de Castilla y León, los datos de la Plafhc de Salamanca hablaban de un raquítico 1% de casos tratados a mediados del 2016.
Salud Mental y prisión: un tándem incompatible
Los altísimos índices de suicidio en estos colectivos, 10 veces superiores a los del resto de la población, son por lo general silenciados (han sido 126 los casos de suicidio en los últimos 4 años, lo que supone convertirse en la tercera causa de muerte dentro de la cárcel, tras los infartos y las causadas por drogodependencias)
De otra parte al menos un 40% de la población reclusa sufre trastornos mentales,( graves en un 8% de los casos) y más de la mitad de ellos son derivados del consumo de sustancias psicotrópicas, confundiéndose en muchas ocasiones causas y consecuencias de estos trastornos ,ya que la propia cárcel genera las condiciones para que los problemas de salud mental aumenten de forma constante Desde ámbitos cercanos a la Sanidad Penitenciaria se reconoce por ejemplo ,que la hiper-medicación a partir de ansiolíticos, antidepresivos o hipnóticos sustituye a la carencia de servicios sanitarios sobre todo los fines de semana, pues como sucede en las áreas de Atención Primaria no se sustituyen las bajas ,dándose casos como los de Ocaña(15 dias sin médico de guardia) o Daroca que se atiende algunos fines de semana desde Zuera, que está a 300Km) En Castilla y León ,se da el agravante citado de las vacantes no cubiertas de un tercio de la plantilla .Problema añadido son las edades próximas a jubilación de los profesionales (un 67% es mayor de 50 años y un 30% supera los 60 años en el conjunto del Estado). Plantilla insuficiente, inexperta en temas de Salud Mental , y como hemos dicho varias veces, sometida a la disciplina de los Jefes de Servicio en cada cárcel:
Presos enfermos y enfermos presos
En cuanto a los delitos inimputables a personas con trastornos mentales cabe decir que de los 492 pacientes en esta situación 365 están ingresados en alguno de los 2 Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios existentes (Foncalent y Sevilla) mientras que ¡¡¡127 inimputables lo están en cárceles ordinarias!!!
La lucha es de los presos y también de todas y todos nosotros
En resumen y sobre la deplorable asistencia sanitaria que se recibe en las prisiones los datos y estudios aportados nos permite afirmar que en el tema de los y las presas, y no solo por la cuestión de las transferencias, se incumple el principio según el cual la atención que se les debe dispensar será en igualdad de condiciones al del conjunto de la población .
El colectivo Solidarios de la Sanidad, todavía somos un pequeño grupo de voces discordantes de ese discurso general, pero nos parece muy importante que estos problemas se conozcan y se pueda tomar partido sobre ellos:
De todo lo anterior se tratará en las I Jornadas Salud y Solidaridad de los próximos días y sería deseable que asistan el mayor número de personas sensible tanto a las causas sociales de los problemas como a la necesaria participación social para encauzar alternativas. Por último decir que los presos en lucha de diversa cárceles en nuestro país han lanzado una campaña para hacer visible su situación y mostrar las sus reivindicaciones. Sintetizadas en 12 exigencias no hacen otra cosa que reclamar del Estado que cumpla sus propias leyes y normas en lo que toca a los derechos de las personas presas y a su dignidad.
En palabras de Berthold Brecht:
Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio.
Les espero en el centro cívico Esgueva, los días 22 y 23 de Marzo a partir de las 19.45.
(*) Cuando se menciona la existencia de la prisión permanente revisable en varios países de Europa se omite que en Suecia la revisión de estos casos es a los 10 años de cumplimiento, en Reino Unido a los 12 y en Alemania a los 15, en tanto que la revisión dentro de las penas permanentes vigentes en España, solo puede plantearse en el periodo entre los 25 y 35 años de condena efectiva.