La familia de Manuel Fernández Giménez se mantiene como acusación particular gracias al apoyo de la asociación Familias Frente en la Crueldad Carcelaria, que denuncia que hubo una negligencia médica por parte de las responsables sanitarias del centro y que el relato descrito en los informes médicos del juzgado sobre las causas que provocaron la muerte del joven resulta incongruente

Según la versión oficial del centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II), el cuerpo sin vida de Manuel Fernández Giménez, de veintiocho años, fue hallado en la celda de aislamiento donde cumplía una sanción disciplinaria la mañana del 22 de octubre de 2017. Sin ningún tipo de acompañamiento psicológico ni preparación para comunicar algo tan grave, la familia recibió la noticia por vía telefónica. Un trabajador del centro se ponía en contacto con Antonia Giménez, madre de Manuel, ese mismo día, para comunicarle que su hijo había muerto en prisión, pero que aún no se conocían las causas. Muestra de ello es que en el primer informe emitido por el médico forense del juzgado pocos días después del fallecimiento, constaría como «muerte súbita a estudio».

Días después de encontrar el cuerpo sin vida del joven, la funeraria que trabaja con instituciones penitenciarias envió el cadáver de Fernández desde Castellón hasta Murcia –de donde era natural y donde vivía su familia– con instrucciones de que no se mostrara todo el cuerpo, tan sólo la cabeza. “Ningún documento explicativo ni certificado de defunción, y sólo la orden verbal de que se enterrara de inmediato”, relata su madre, que a la vez detalla como la familia se opuso y se empeñaron en examinar el cuerpo de su hijo que, según explica, presentaba numerosos signos de violencia y rigidez. Nariz rota; hematomas y dos puntos en la barbilla –sospechan que de una pistola Taser–; marcas de ligaduras en muñecas, brazos y tobillos; uñas rotas; el pecho lleno de heridas; cardenales por todo el cuerpo y marcas en el cuello.

“Mi hijo estaba sano como una manzana y era más guapo que uno sol. ¿Cómo podía ser que muriera con veintiocho años de ‘muerte súbita’ estando en aislamiento, sin contacto con nadie más que los funcionarios, y con estas marcas de violencia?”, se preguntaba su madre. Según explica Antonia, su hijo se había quejado más de una vez de las palizas recibidas por los funcionarios del centro, y ya había alertado a su familia de sufrir gitanofobia por parte de algunos carceleros. Al ver esas marcas, la familia pidió una segunda autopsia, que fue denegada por el juez y, finalmente, el cuerpo de Manuel fue enterrado.

Hasta un año después del entierro del cuerpo no se emitió el informe oficial del médico forense del juzgado, donde no constaban las lesiones descritas por su familia cuando vieron el cuerpo de forma presencial. Por el contrario, el documento sí reconocía una equivocación de la auxiliar de enfermería y la médica de prisión, responsables de haberle suministrado al joven una dosis equivocada de metadona: 85 mg en lugar de los 20 mg que tenía recetados. Al darse cuenta de su error, la auxiliar habría avisado a la médica de la cárcel rápidamente, pero aseguran que ésta tardó dos horas en enviar a Manuel a enfermería para administrarle una dosis de antagonista (naloxona) por vía intramuscular.

Inmediatamente después, le habrían devuelto a su celda sin ningún tipo de control o seguimiento médico, en lugar de administrarle una dosis de antagonista cada hora y media o dos horas durante 24 horas, como hubiera sido el procedimiento médico habitual por este tipo de casos, o haberlo trasladado a un centro hospitalario como ordena el protocolo correspondiente a este tipo de situaciones. El cuerpo sin vida de Manuel lo encontraron, según el mismo informe, en el primer recuento del día siguiente.

Autodefensa ante la violencia institucional

Con estos antecedentes y las evidencias de una posible negligencia por parte de las responsables médicas del centro, y gracias al apoyo y acompañamiento de la asociación Familias Frente en la Crueldad Carcelaria (FFACC), los familiares de Manuel pudieron llevar a cabo una denuncia por la vía penal contra la médica y el auxiliar de enfermería del centro penitenciario de Albocàsser. Tras la inhibición por parte de la Fiscalía, que finalmente no presentó acusación por basarse únicamente en los informes médicos emitidos por el juzgado y atribuir la muerte a posibles patologías médicas previas del joven. El único factor que mantiene viva la causa penal es la acusación particular de la familia con el apoyo de la asociación FFACC que, casi siete años después de la muerte sigue esperando a que se celebre el juicio y se esclarecen los hechos.

“Nosotros no creemos en su versión desde el principio. El informe forense ignora todos los signos de violencia que vimos en su cuerpo cuando llegó aquí, e incluso si fuera una muerte por sobredosis de metadona como alegan en sus propios informes, quién fue responsable de suministrarle las dosis incorrectas? Y si se equivocaron y tenía una sobredosis, ¿por qué no le trasladaron a un hospital inmeditadamente y le realizaron un seguimiento y un control médico? ¿Por qué le dejaron que muriera solo en una celda?”, se pregunta Antonia. “Mi hijo estaba sano como una rosa, no tenía ninguna patología previa ni ningún problema de salud antes de entrar. Aquí hay demasiadas cosas que no cuadran”, asegura. «Nosotros queremos justicia y llegaremos hasta el final, y sobre todo queremos que se aclaren las causas y los responsables de la muerte de mi hijo», concluye.

Los gastos jurídicos derivados de un procedimiento penal tan largo como este, que permita esclarecer las causas de la muerte de una persona en un centro penitenciario mediante una denuncia particular, son muy elevados. Hacerles frente de forma colectiva es precisamente uno de los objetivos de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que desde 2017 acompaña a diferentes familias en la denuncia de casos de violencia institucional en diferentes prisiones del Estado. Aparte del caso de Manuel, desde la asociación se acompañan otros casos vinculados a penas de larga duración de personas con graves problemas vinculados a la salud mental y al sufrimiento psíquico, abandono médico y efectos del aislamiento, el castigo y las largas condenas, con los impactos que esto tiene sobre las personas presas, pero también sobre sus entornos y sus familias.

Para poder hacer frente a estos gastos derivados del acompañamiento jurídico y asistir a los familiares de las personas presas que sufren este tipo de violencias del sistema penitenciario, desde la asociación se ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo con el objetivo de recoger fondos y continuar con esta estrategia y labor de autodefensa ante la violencia y crueldad carcelaria. “Para poder seguir acompañando a este tipo de casos y hacer frente a los gastos jurídicos ahora necesitamos apoyo económico. Confiamos en la solidaridad de las personas que comprendan nuestra lucha, nuestras necesidades y carencias, y en la de los grupos y asociaciones que conocen la crueldad de las prisiones y las violencias del sistema punitivo, y están dispuestas a hacerle frente de forma colectiva y autogestionaria”.

Traducción del catalán de un artículo de Vicent Almela, en La Directa, 30-IV-024