Por decimocuarto año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español.1 En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en este Estado. En este trabajo se presentan las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU:
Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento».
Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987
En el informe de este año se recogen 224 situaciones en que se produjeron
agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 1.014 personas.
Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2017: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o
Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.
En los 14 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2017 hemos
conocido 3.602 situaciones en las que 9.085 personas se vieron afectadas.