QUIÉNES Y CÓMO

Somos familiares de personas presas y gente que mantiene relaciones de amistad y solidaridad con algunas de ellas. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar las condiciones de existencia crueles, inhumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos encerrados en las cárceles, y hacer lo necesario para detener esa crueldad, inhumanidad y degradación. Nuestro primer propósito es documentar y denunciar, tanto públicamente como en los tribunales, todas esas vulneraciones de derechos, enmascaradas hipócritamente tras el “principio de reinserción social” como finalidad del poder punitivo del Estado. Principio proclamado en la constitución y en las leyes penales, pero desvirtuado e incluso abolido por la verdadera práctica social y política.

Aunque nuestra intención es defender a las personas vivas y evitar nuevas pérdidas, muchas de nosotras hemos sufrido la muerte de nuestros hijos o hijas, hermanos o hermanas, compañeros o compañeras, personas supuestamente confiadas al “cuidado” de las instituciones estatales. Uno de los problemas más graves entre los que tenemos que afrontar, tanto si hemos sufrido una muerte como el alejamiento forzado de alguien muy próximo, es nuestro propio dolor, nuestro miedo y nuestra rabia por lo que nos ha sucedido. Emociones negativas, muy a menudo insoportables, incluso destructivas. Son como una condena suplementaria que sufrimos sin acusación ni delito. Y esa es, en principio, la experiencia común que nos une.

Pero queremos transformar nuestro vínculo por medio del conocimiento, la comprensión y el cuidado mutuos. Fortalecerlo a través de la solidaridad y el diálogo, de la elección de objetivos comunes y de los medios para alcanzarlos, del trabajo compartido en la práctica correspondiente. Queremos aprender de nuestro dolor, darle la vuelta contra lo que lo ha causado, canalizarlo de una forma constructiva, para que, en vez de hacernos un daño irreparable, se convierta en la fuerza que nos mueva en el intento de que lo que nos ha sucedido a nosotras no pueda seguir ocurriendo ante la indiferencia general. Queremos cuidar a nuestra gente y cuidarnos nosotras, cada una a sí misma y todas a todas. Defender a nuestras personas queridas y defendernos nosotras de todas las injusticias, agresiones y abusos, tergiversaciones y mentiras que hemos sufrido, estamos sufriendo o nos amenazan.

Queremos dar a conocer los abusos y atropellos, la violencia que se nos infiere, desenmascarando la mentira de que hay justicia, de que cada cual tiene lo que se merece, cuando la verdad es todo lo contrario. ¿Se han merecido nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras todo lo que les han hecho sufrir? ¿Nos lo merecemos nosotras? Queremos luchar por la justicia y la verdad, reclamarlas activamente, construir día a día nuestra propia perspectiva de las mismas. Proclamar, describir, analizar la triste y cruel realidad que conocemos por experiencia. Señalar todo lo que se debe cambiar en ella. Cambiarlo efectivamente en la medida de nuestras fuerzas. Y hemos visto que, para ello, además de ese cuidado mutuo que sería la base de nuestro proyecto, necesitamos, entre otras, algunas herramientas de comunicación.

Frente a la gente en general. Frente a la llamada “opinión pública, excesivamente manipulada, a nuestro juicio, como para merecer ese nombre. Frente a la sociedad, si es que se puede llamar así a alguna entidad real que no sea el mercado. Y, preferentemente, frente al Estado, sus instituciones y agentes. Para visibilizar, señalar, denunciar todas esas situaciones de deshumanización, discriminación y carencia. Para argumentar, reivindicar, demostrar la necesidad de atenderlas, de hacer lo necesario para que no puedan volver a producirse. Aquí necesitaríamos también, evidentemente, asesoramiento y apoyo jurídico, para denunciar todo lo denunciable, reclamar y contribuir a hacer justicia, en la medida que sea posible por esos medios; para ponerlo en evidencia, si es imposible. Y, todavía más, necesitaríamos estrategias de movilización, para hablar cara a cara a la gente de la calle y a las autoridades responsables, y encontrarnos entre nosotras, directa y personalmente, unidas y en pie ante los problemas, sus planteamientos y posibles soluciones.

Porque la más importante es la comunicación que logremos entre nosotras mismas, familiares, amistades y apoyos de las personas presas y, sobre todo, con ellas, incluidas en la comunidad que seamos capaces de formar. Pues no podemos permitir que unos mecanismos sociales tan perniciosos e injustos como los punitivos las separen a ellas de esa comunidad, desarticulándola, dividiéndonos para que venzan intereses y poderes que nada tienen que ver con los nuestros. Del diálogo directo entre nosotras, de la discusión respetuosa, horizontal y transparente, firmemente asentada sobre la solidaridad entre todas, tiene que surgir nuestro proyecto común, diseñado día a día desde la reflexión colectiva, de manera que la participación, la responsabilidad y la libertad de cada cual garanticen las de todo el colectivo. Lo que hagamos para extender armoniosamente esa comunidad equivale a la búsqueda de las afinidades y alianzas que necesitamos para constituir la fuerza que nos permita defendernos y defender a nuestra gente, como ya hemos dicho.

Hacemos, por tanto, un llamamiento a unirnos y coordinarnos en la creación y realización de ese proyecto, a todas las familias, amistades y vecindario de personas presas y a toda persona sensible y respetuosa de la dignidad humana. Y, especialmente, nos parece indispensable la colaboración con los profesionales de la abogacía, la medicina, la psicología, la investigación social… que trabajen en este campo en el mismo sentido que nosotras. Así como con quienes participan en proyectos de oposición a la cultura del castigo, grupos de apoyo a personas presas, asociaciones abolicionistas o garantistas, dedicadas, por ejemplo, a la defensa concreta de los derechos humanos o a la prevención y denuncia de la tortura. Partiendo del respeto mutuo, del diálogo igualitario, de la autonomía de cada grupo y persona y de la coordinación horizontal de los esfuerzos de todas, deberíamos intentar actuar al unísono configurando la fuerza social, la comunidad de deseos, intereses y procedimientos necesaria para el logro de nuestros objetivos.

Bajo la acción de los sistemas penal y penitenciario españoles que, según proclaman las leyes que supuestamente los crean y regulan, deberían proteger y garantizar el ejercicio de nuestros derechos y libertades, se imponen todos los días a las personas presas toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las torturas y maltratos son frecuentes en las cárceles. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quienes lo padecen. Se traslada arbitrariamente a la gente, muchas veces con intención punitiva o como represalia por una actitud reivindicativa, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con el exterior, imponiendo despóticamente intervenciones de las mismas y todo tipo de restricciones. El acceso a la cultura es casi inexistente y se puede prohibir, por ejemplo, cualquier libro o publicación, por “motivos de seguridad”. La explotación laboral es enorme, llegando a cobrar muchos trabajadores presos salarios de alrededor de un euro la hora y, a veces, menos.

En las cárceles de mujeres se sufre una doble discriminación, por presas y por mujeres. Empezando porque en su mayor parte no son más que pequeños departamentos en prisiones pensadas para hombres, donde malviven hacinadas, con menos recursos económicos o materiales y menores opciones en cuanto a uso de instalaciones, actividades educativas, culturales, recreativas o laborales, con trabajos especialmente alienantes y todavía peor pagados. Se les exige mayor docilidad y sumisión que a los hombres, sufriendo un porcentaje superior de sanciones y clasificaciones en primer grado, pese a ser menos agresivas. Al no haber departamentos de régimen cerrado más que en unas pocas prisiones, las tildadas de «conflictivas» son trasladadas automáticamente lejos de su gente. Lo mismo que cuando el único módulo de mujeres de una cárcel lo hacen «de respeto» y alguna no quiere someterse forzadamente a un «contrato terapeútico» que implica un tratamiento especialmente estricto y humillante. Igualmente, como existen pocas «unidades de madres», quien tenga alguna criatura menor de tres años, debe elegir entre renunciar a la convivencia con ella y la conducción, con el consiguiente desarraigo social y familiar. Y son frecuentes los abusos sexuales por parte de los carceleros.

La situación sanitaria general es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unos cuidados médico-sanitarios iguales a los de cualquier ciudadano, y se abandona a las personas enfermas sin proporcionarles, como en el caso de quienes padecen hepatitis C, la medicación y los tratamientos que podrían curarles, ya que la autoridad penitenciaria se niega a sufragarlos, aun desobedeciendo decisiones judiciales. La deuda acumulada de Instituciones Penitenciarias con la sanidad autonómica, a la que se ha encomendado la atención hospitalaria de las personas presas sin ninguna dotación presupuestaria, es de cientos de millones de euros. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberadas las personas presas con enfermedades graves, incurables y terminales, más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo.

El tráfico de drogas ilegales está consentido y, además, se proporciona a las personas encarceladas todo tipo de drogas legales adictivas, sin apenas control médico, para que no molesten. Quienes sufren alguna enfermedad psiquiátrica constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide. Los médicos son a menudo cómplices de los frecuentes malos tratos, al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. La mortalidad es en las cárceles mucho más alta que en la calle y menudean las muertes atribuidas muchas veces a causas como «suicidio», «sobredosis» o » muerte súbita» y ocurridas en circunstancias extrañas y dudosas, que nunca se aclaran, pues no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.

Tanto las personas presas como sus familias están indefensas ante todas esas negligencias y vulneraciones de la ley, y frente a multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los presos, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.

La llamada “opinión pública” no solamente calla ante esta situación, sino que difunde mayoritariamente los discursos demagógicos del populismo punitivo o la visión interesadamente distorsionada de los sindicatos de carceleros, que quieren defender sus condiciones de trabajo acusando a las personas presas de agredirles frecuentemente a ellos, inventando, exagerando y tergiversando los episodios reales de violencia que, como sabe cualquiera que conozca las cárceles de cerca, recae rutinariamente sobre las personas presas afectadas por esa acumulación de agresiones institucionales, y no sobre los “profesionales” carceleros.