La máquina social penitenciaria se justifica por el principio de reinserción social como finalidad de las penas de cárcel y garantizando teóricamente el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las personas presas que no hayan sido restringidos por la sentencia condenatoria. Palabrería, porque nada de eso se cumple, sino que el sistema punitivo en su funcionamiento real resulta sumamente destructivo tanto para quienes están condenados legalmente a sufrirlo y presuntos culpables presos como para sus familiares y gente cercana. Los mecanismos de garantía o defensa jurídica sólo funcionan para los presos ricos, una exigua minoría, que pueden gastar mucho dinero en abogados. Y el sistema punitivo se ceba en los pobres, estigmatizando a los más rebeldes o inadaptados y persiguiéndoles de por vida, a ellos y a sus allegados.
Las familias que llegamos a tener a alguno de los nuestros en la cárcel, hemos de sufrir, sin proceso ni delito, una condena tan grave o más que la de nuestros seres queridos encerrados: un gran impacto emocional, mucho dolor, ansiedad, frustración, indignación, impotencia… que duran tanto como la condena judicial y bastante más allá; estigmatización social, malos tratos y humillaciones permanentes por parte de los agentes del orden (policía, jueces, administración, carceleros…); gastos elevados y continuos que lastran enormemente nuestras economías domésticas… Familias frente a la crueldad carcelaria (FFACC) surge como un intento de autodefensa solidaria ante todo eso.
Nuestra asociación fue fundada por un grupo de mujeres con hijos, hermanos, compañeros o padres encarcelados, muchos de los cuales han encontrado la muerte dentro de los muros. Se apoya en la compañía y atención recíproca como principal fuente de energía, habiendo organizado varios encuentros en los que se celebran talleres, guiados por una psicoterapeuta, para aprender a cuidarnos, y asambleas en las que dialogamos directamente sobre nuestros problemas comunes y decidimos en pie de igualdad sobre qué hacer para afrontarlos.
Coordinándonos en lo posible con grupos anticarcelarios de la calle y personas presas en lucha, hacemos lo que podemos para denunciar ante la sociedad y las instituciones responsables todos los abusos que sufrimos, tanto nosotras como nuestra gente presa, por medio de movilizaciones en las calles, ante las cárceles, juzgados, instituciones penitenciarias, etc; utilizando lo mejor que podemos los medios publicitarios a nuestro alcance; y también hemos de meternos muchas veces en procedimientos judiciales con la consiguiente necesidad de abogados que nos asesoren y asistan profesionalmente. Esa es nuestra principal fuente de gastos.
Hasta ahora nos habíamos financiado con ayuda de una caja de resistencia de grupos libertarios de Valencia, ya desaparecida, donde nos integramos como un grupo más, organizando comidas populares, vendiendo libros, láminas, camisetas, etc. Las sinergias en que nos apoyábamos casi se han disuelto y nosotras estamos bastante agotadas, pero tenemos que seguir adelante, porque todavía tenemos gastos considerables sin cubrir y casos judiciales abiertos: una muerte en prisión, varios enfermos mentales encarcelados, presos con condenas interminables, denuncias de abusos…
