Apoyo a la denuncia de torturas en la cárcel de Albocàsser
El Grup de Suport a Persones Preses de València ha sacado una pegatina, un cartel y un fanzine para apoyar la denuncia por torturas a personas presas presentada por la asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria contra carceleros de la prisión de Castellón II. También el grupo Fuera Del Orden, de Alcalá de Xivert (Castellón), ha elaborado un fanzine con el mismo propósito. Y el programa de radio Tokata y Fuga ha hablado igualmente de ello.
Fanzine del Grup de Suport a Persones Preses de València
Tokata Y Fuga 16-XI-2019. Torturas En Las Cárceles Y Comisarias, Brutalidad Policial En Las Calles
Torturas en la cárcel de Albocàsser (Castellón II) en agosto y septiembre
La asociación FFACC (Familias Frente A la Crueldad Carcelaria) se ha empeñado en denunciar pública y judicialmente las torturas que sufrieron entre el 30 del pasado agosto y el 16 de septiembre un número indeterminado de presos –quizá 10 o 12– de los que cuatro han denunciado ya ante el Juzgado de Guardia. Piden apoyo a su lucha contra la tortura, la idefensión de las personas presas y las mentiras y tergiversaciones de los defensores de la crueldad institucionalizada. A continuación, un resumen de lo sucedido y de la valoración de la asociación. Siguiendo los enlaces de abajo del todo se puede encontrar un informe bastante más completo y una serie de documentos relevantes.
TORTURAS EN LA CÁRCEL DE ALBOCÀSSER
La Asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria está formada por familiares y amigos de personas presas. Su finalidad es defender los derechos de quienes han tenido la desgracia de entrar en la cárcel, denunciar públicamente todas las situaciones que vulneren esos derechos y hacer todo lo posible para corregirlas. Queremos dar a conocer una de esas situaciones, que se dio en la cárcel de Albocàsser entre finales del pasado mes de agosto y mediados del de septiembre, y señalar una serie de aspectos en que, en nuestra opinión, se ha atentado gravemente contra la integridad y la dignidad de más de 10 personas presas en esa cárcel sometiéndoles a tratos crueles, inhumanos y degradantes que en gran parte se pueden calificar con toda propiedad como torturas.
El 31 de septiembre varios medios de comunicación se hacían eco de las informaciones de algunos sindictos de funcionarios de prisiones y especialmente de la nota de prensa del sindicato ACAIP. Según el relato publicado, el viernes, 30 de agosto de 2019, sobre las seis de la tarde, en el módulo 3 de la cárcel de Albocàsser (Castellón II), un interno “agredió a un funcionario, le golpeó en la cabeza con una escoba, hasta el punto de partir el palo, y trató de apuñalarlo con trozos de madera del mismo”, este preso y otro de sus compañeros “se atrincheraron en el patio del módulo y comenzaron a amenazar a los funcionarios con matarlos y a tirarles objetos” alentando al resto de internos a “secundar la agresión” y creando “una situación de máxima gravedad dado que podría derivarse en un motín”, aunque desde Instituciones Penitenciarias “han asegurado que no hubo ningún intento de motín y que el resto de internos no secundó los hechos”. Entre 15 y 20 funcionarios “tuvieron que acudir al módulo y entre todos lograron controlar la situación”, aislando a esos dos internos, “encerrando en el comedor al resto y subiéndoles escalonadamente a sus celdas”. Igualmente, se afirma que “el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración”, pero también que “según fuentes penitenciarias, el trabajador no requirió hospitalización y se encuentra en buen estado”.
Por encargo de nuestra asociación, alertada por la madre de uno de los presos afectados, el abogado Lisandro Giordani González fue a visitar cuatro de los presos implicados, cuya versión de los hechos resulta bastante diferente de la anterior. Los cuatro manifestaron haber recibido verdaderas palizas por parte de funcionarios de prisiones, a base de porrazos, puñetazos y patadas, incluso en la cabeza. Dos de ellos fueron llevados a aislamiento el mismo día 30 después de ser terriblemente apalizados —hasta el punto de perder uno de ellos el conocimiento— por gran número de funcionarios, en presencia del resto de los internos del módulo 3, que, según la versión de todos los internos denunciantes, se limitaron a protestar verbalmente, pero no hicieron nada más ni se resistieron a cunplir las órdenes de los funcionarios. Los otros dos fueron conducidos a una celda de aislamiento al día siguiente y fueron golpeados en varias ocasiones con porrazos patadas y puñetazos, insultados, amenazadsos y vejados. Los cuatro permanecieron en celdas de aislamiento más de quince dias, sin agua corriente, sin sus pertenencias personales y sufriendo en repetidas ocasiones el maltrato descrito. Fueron objeto también de expedientes disciplinarios, de regresión a régimen cerrado o primer grado de tratamiento desde el segundo grado o régimen ordinario en que se encontraban y trasladados a otras cárceles. A uno de ellos al menos se le privó bruscamente del tratamiento psiquiátrico que estaba recinbiendo lo que le provocó un severo síndrome de abstinencia. Aseguran que cierto número de sus compañeros de módulo —quizá unos diez o doce— sufrieron un trato parecido.
Resultan considerablemente divergentes el relato de los “hechos” publicado y el que se hace en las denuncias que se han presentado en los juzgados de guardia, basadas en los testimonios de los presos afectados, concordantes pese a haber sido recogidos individualmente, encontrándose ellos aislados, incomunicados entre sí y sin haber tenido la menor oportunidad de ponerse de acuerdo. Dejando aparte la desproporcionada violencia y la crueldad empleadas por los funcionarios, esos relatos se contradicen, sobre todo, en lo que atañe a la supuesta resistencia opuesta por algunos de los reclusos frente a la actuación de los funcionarios de prisiones con posterioridad a la agresión con el palo de escoba. Y lo mismo en lo que toca a la incitación al motín por algunos de ellos y al supuesto intento de motín e insubordinación subsiguientes de un número aún mayor, aunque impreciso de reclusos. Resistencia e incitación al motín que, en el relato de los presos sencillamente no existió. Pero, pasara lo que pasara, nos consta que —además del castigo reglamentario y la probable denuncia penal— al menos cuatro personas han sido maltratadas y amenazadas como represalia y escarmiento por lo supuestamente sucedido el día 30 de agosto, lo cual constituye tortura, si hacemos caso de la definción de la misma contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores y sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otrta persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.”
Y también es necesario tener muy en cuenta que el proceder de ACAIP y de los medios que han publicado estas noticias atenta gravemente contra el derecho a la presunción de inocencia de las personas presas interesadas, al difundir un relato, considerablemente sesgado y tergiversado por las ideas fijas que animan las campañas mediáticas de los sindicatos de carceleros a favor de sus intereses “laborales”, relato que presenta como culpables de unos hechos delictivos que no han sido convenientemente calificados, documentados y mucho menos probados a unas personas que, desde otro punto de vista, se pueden considerar, más bien, como víctimas de los mismos que les denuncian. Pero el caso es que quienes difunden esa versión de los “hechos” exagerada y distorsionada son agentes de la autoridad pública y su comportamiento va contra la ley. Por ejemplo, contra lo que dicta la Directiva (UE) 2016/343, de 9 de marzo de 2016 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en su artículo 4: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras ni se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable.” Ese relato de lo supuestamente sucedido el 30 de septiembre fue publicado en varios medios de comunicación el día 31, antes de que se hubiera comunicado oficialemente el inicio de ningún expediente disciplinario o interpuesto denuncia penal alguna, aunque mucho nos tememos que las acusaciones formales coincidan casi exactamente con la versión publicada. Así que nos veríamos ante un juicio paralelo, extralegal, y no solamente en lo que se refiere a la publicidad, ya que los acusados ya han sido condenados y castigados con aislamiento, malos tratos físicos y psicológicos, sanciones disciplinarias, regresiones en el grado de tratamiento con el correspondiente endurecimiento de sus condiciones de vida, traslados por los que se les aleja de su entorno social y familiar, pérdida de sus pertenencias personales, alteración injustificada y punitiva del tratamiento psiquiátrico, etc. Acusados, juzgados, condenados y castigados sin garantía alguna, en una situación de abrumadora inferioridad y total indefensión.Acusados, juzgados, condenados y castigados, en una situación de abrumadora inferioridad y total indefensión.
Porque todo lo expuesto hace pensar que los funcionarios penitenciarios responsables de los abusos que estamos denunciando han hecho caso omiso de las instrucciones dirigidas a los directores de prisiones en la orden de servicio sobre el “deber legal parte de lesiones” de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 1 de julio de 2019 y recientemente publicada. Indicaciones en el sentido de “ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a la legalidad”, para “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos la función pública” además de cumplir “la legalidad vigente y las indicaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”. De manera que sería necesario comprobar si han sido remitidos por la dirección del centro penitenciario de Castellón II al Juzgado de Guardia competente los partes de lesiones que en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hubiera debido elaborar el médico responsable, acompañadaos de los “partes de hechos e informes adicionales”; si el director ha acordado “la realización de actuaciones tendentes a esclarecer lo sucedido” y ha remitido al Juzgado de Guardia “copia de lo actuado” y de las declaraciones de los internos afectados; y, por último, si se ha informado de todo ello al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Para nosotras es evidente que no se ha respetado la legalidad vigente ni los principios elementales de la dignidad humana y que la duda sobre la existencia de abusos y desviaciones por parte de los funcioarios de la cárcel de Albocàsser responsables está muy próxima a convertirse en certeza. Nos han llegado, además, una y otra vez, por parte de personas presas, familares y allegadas de las mismas, informes de que en la cárcel de Albocàsser se infieren rutinariamente a las personas presas desde hace mucho tiempo toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así pues, queremos denunciar públicamente, tal como lo hemos hecho judicialmente, lo que para nosotras son gravísimos abusos de poder y tratos crueles, inhumanos y degradantes inferidos a personas presas por funcionarios de prisiones. Nos proponemos hacer lo necesario para sostener esta denuncia hasta las últimas consecuencias, tanto públicamente como en el terreno judicial.
Familias Frente A la Crueldad Carcelaria
11 de mayo, concentración frente a la cárcel de Picassent en memoria de Luis Acedo Sáenz y en apoyo de los presos en lucha
El sábado, 11 de mayo, más de 50 personas procedentes de Valencia ciudad, de varios pueblos y comarcas del País Valencià (Albaida, Ontinyent, Alcoy, Cocentaina, L´Olleria, La Safor…), de Madrid, Toledo y otras ciudades, acudieron a la convocatoria de la familia de Luis Manuel Acedo Sáenz y de la asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria a la que pertenecen, para concentrarse durante dos horas, conmemorando la muerte de Luis, hace tres años, enfermo de cáncer, abandonado sin diagnóstico ni tratamiento en uno de los sucios patios de la prisión de Picassent, expulsado de sus talleres sin baja ni nada, maltratado y humillado por los carceleros y los médicos carceleros y excarcelado cuando ya no se podía hacer nada por ayudarle, para que muriera en la calle. También se trataba de apoyar la huelga de hambre que está realizando desde el 1 de mayo lxs presxs en lucha, en defensa de una tabla de 14 reivindicaciones, que analizan una serie de situaciones de tortura, crueldad y tratos crueles inhumanos y degradantes, como la que sufrió Luis, y que se dan rutinariamente en las cárceles del Estado español. Como se puede ver en las fotos de arriba, se sostuvieron pancartas, se repartieon panfletos, de los que se pueden ver las dos caras un poco más abajo, se cantaron canciones, se corearon consignas y se gritaron una y otra vez a través de un megáfono las 14 reivindicaciones. Hubo comunicación con las personas presas que se asomaron a las ventanas y fraternidad con ellas y entre las participantes.
Aquí debajo, el programa de radio Tokata y fuga de ese día donde recién llegadxs de la concentación, hacen tertulia con Toñi, la madre de Luis, con otra socia de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria como ella, nuestra compañera Lydia, y con Laura Delgado, abogada solidaria con las personas presas. Hablan también con Carmen, madre de una persona diagnosticada de esquizofrenia, inimputable y, sin embargo, presa, maltratada y aislada en régimen de castigo, que le fue entregada muerta en enero, con huellas evidentes de violencia y supuestamente suicidada por ahorcamiento. Recordamos una y otra vez a nuestra hermana y compañera Pastora González, fallecida el 25 de abril.
«Cada vez que suena el teléfono pienso que me dirán que mi hijo ha muerto»: entrevista a la familia de un Preso
Lidia y Alfonso tienen un hijo que está privado de libertad desde hace más de diez años. Ha pasado por diferentes centros penitenciarios del Estado español y actualmente se encuentra preso a más de 600 kilómetros de su casa. Aparte de la distancia y el gasto económico que les supone visitar a su hijo, también denuncian el maltrato y las vejaciones constantes por parte de la administración penitenciaria a los que está sometido. Ambos forman parte de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, un espacio donde compartir experiencias y cuidados con otros familiares y amistades de personas presas, dar voz y atender las necesidades básicas como facilitar el acceso a la defensa o ropa.
Antes de que vuestro hijo entrara en prisión, ¿qué imagen teníais del sistema penitenciario?
Alfonso: Una imagen bien distinta. Lo disfrazan de una manera que hasta que no lo vives en primera persona es imposible que te des cuenta. Los medios de comunicación no informan sobre lo que pasa dentro de las cárceles, sólo dan voz a los funcionarios. Yo pensaba que las cárceles eran centros de reclusión donde las personas cumplían sus condenas de una forma digna. Pero ahora me he dado cuenta de que es todo lo contrario. Es una humillación tras otra. Las personas pasan a ser desechos humanos.
Lidia: Yo tampoco tenía la misma visión que tengo ahora que lo vivo en mi propia piel. Tenía la idea de que cuando alguien hacía algo ilegal debía cumplir su condena. Pero de forma normal, sin vejaciones, ni humillaciones, ni agresiones ni dejándolos sin asistencia médica. Todo esto para mí ha sido nuevo. Nuestra experiencia está siendo nefasta.
¿Cómo afecta la cárcel a vuestra vida diaria?
A.: De forma indirecta nosotros también estamos privados de libertad. Dependemos completamente de la institución penitenciaria. Hay unos horarios determinados en los que nos podemos comunicar, entonces tienes que dejar lo que estés haciendo, si quieres hablar con tu hijo. Las visitas son una vez a la semana, si estás cerca, y si estás lejos, cuando te lo puedes permitir económicamente. Los trasladan para que no puedas verlos. Y eso les desestabiliza como personas. Esta es la razón de muchos de los problemas que suceden después en las cárceles. Según ellos son culpa de los presos, dicen que un preso se vuelve agresivo de pronto, pero yo creo que son ellos los que provocan que los presos se pongan violentos.
L.: A mí principalmente me afecta psicológicamente. Cada vez que hablo con mi hijo me pregunto: ¿será el último minuto de su vida? ¿Lo volveré a oir? Cada vez que suena el teléfono de casa pienso que me van a decir que mi hijo ha muerto.
¿Con qué situaciones concretas os habéis encontrado?
A.: La que más nos afectó fue el episodio de tortura y el maltrato que sufrió nuestro hijo en la prisión de Aranjuez. Encima no pudimos visitarle, ni su abogada tampoco. Automáticamente le impidieron el acceso a las visitas, al médico forense, a las llamadas. No había manera de ver la gravedad de las heridas. Otro tema es cómo nos tratan a los familiares. Lo hacen como si también fuéramos reclusos, con un despotismo exagerado. Y encima tienes que callar porque, si decimos algo, lo castigarán a él. Le pueden quitar las visitas, dejarlo seis meses sin comunicación. Una vez ya estuvimos seis meses sin poder comunicar. Decían que le habían encontrado droga y nos acusaban a nosotros.
L.: Recibimos una citación como imputados. Yo me cabreé muchísimo. Evidentemente, al final nos absolvieron, pero los seis meses sin ver nuestro hijo no nos los quita nadie. Después de que le pegaron la paliza que comenta mi marido, lo dejaron hecho un cromo, no querían que la abogada viera en qué estado estaba mi hijo e inmediatamente lo trasladaron a Zuera para que no pudiera contactar con ella. Querían que se recuperara de las heridas antes de que ella lo visitara. Finalmente pudimos denunciarlo y el proceso va adelante. Por este caso he recibido amenazas telefónicas por parte de funcionarios, pero no tengo miedo.
¿Sentís que la sociedad os juzga por ser familiares de una persona presa?
A.: En mi entorno no. Siempre nos han apoyado. Vivimos en un entorno de clase trabajadora y nunca me he sentido juzgado por tener un hijo preso. No somos los únicos.
L.: Quien nos juzga son los funcionarios cada vez que vamos a verlo. Y luego están las vecinas que lo hacen por el morbo. Te quieren sacar información para luego contarlo por ahí.
¿Qué es la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria?
L.: Es una asociación creada por familiares y amigos de personas que están presas. También hay personas que han perdido familiares dentro de las cárceles. El objetivo es que los presos puedan tener abogados, que sienten que tienen personas fuera que les apoyan… Por ejemplo, hace poco hicimos una calçotada y vendimos libros para recoger dinero para la caja de resistencia y pagar abogados. Participar en estas actividades también nos sirve para socializar y evadirnos un poco de la realidad que vivimos.
A.: De momento es una asociación muy joven, estamos empezando. Hemos organizado talleres de autoayuda, cuidados y apoyo mutuo para las familias. Hablamos con personas que tienen el mismo problema y sufren como tú. Gracias a la asociación nos damos cuenta que no estamos solos.
¿Quiénes son y qué han hecho la mayoría de las personas presas?
Continuamos publicando los interesantes artículos de Ignacio González Sánchez que se pueden encontrar en http://thesocialsciencepost.com/. En este, analiza los datos estadísticos oficiales sobre la población presa hasta llegar a la conclusión de que «el perfil de las personas encerradas en la cárcel se corresponde con el de los sectores de la población que se encuentran en un mayor riesgo de exclusión social, si no se encuentran ya en esa situación: personas jóvenes, con escasa cualificación –trabajos precarios– y bajo nivel educativo, con situaciones familiares poco estables y con delitos relacionados con las drogas, y una importante proporción de extranjeros.
¿QUIÉNES SON Y QUÉ HAN HECHO LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LA CÁRCEL
Tras el breve paréntesis de la entrada anterior, retomo la cárcel. Para poder elaborar una discusión útil en torno a la misma (y, en definitiva, los presos), es apropiado hacerlo en base a quienes realmente componen la realidad carcelaria. Sin restar ni un ápice de la importancia simbólica y del impacto personal o familiar que tienen los delitos violentos, es necesario debatir sobre la cárcel con la consciencia de que la gran mayoría de los presos no responden al perfil de asesino-terrorista-violador. Si se acepta la cárcel por la existencia de estas personas, hay cerca de 60.000 presos y presas que no responden en absoluto a este perfil, y para las que se podrían buscar alternativas.
Los datos que siguen a continuación son fundamentalmente de 2009. No es de gran importancia porque las características de la población carcelaria apenas han variado en las últimas décadas, y así podemos usar los datos oficiales del mismo año que la encuesta existente para completar la escasa información disponible. En todo caso, en referencia a qué gente está encerrada en prisión, el 92% eran hombres, y el 8%, mujeres. Por edades, los grupos más numerosos son los que comprende los tramos de edad entre los 25 y los 40 años, que agrupan al 56% de los presos. En cuanto a la nacionalidad, cabe destacar que el 35’71% eran extranjeros (este dato sí se ha reducido en los últimos años, a raíz de un cambio en la política de expulsiones).
La tipología delictiva se distribuía de la siguiente manera:
El conjunto de delitos más numeroso es el de delitos contra la propiedad y delitos contra la salud pública. Los delitos graves son muy minoritarios, y se puede afirmar que en torno al 70% de los delitos que llevan a prisión están relacionados directa o indirectamente con las drogas ilegales (robos para pagarla, venta, ajustes de cuentas, etc.). Por otro lado, en torno al 60% de los presos tienen un nivel educativo reglado bajo (educación primaria completa o incompleta).
Ante la limitada existencia de datos oficiales, hay que recurrir a otras fuentes para tener un perfil más completo, como encuestas a los propios presos. De una encuesta publicada en 2010, se desprende que en la muestra hay una sobrerrepresentación (respecto de la población general) de trabajadores no cualificados (casi el doble) y de trabajadores vinculados al mundo de la hostelería (sector que no destaca por sus buenas condiciones laborales). En total, el 56% de los presos de la muestra se agrupaban en estas dos categorías, mientras que en la población general suponía un 30’5%.
En términos de familia, la mayoría de los presos encuestados tenían padres y madres con trabajos poco cualificados y niveles muy bajos de estudios (entre otros, el 10% de los padres y el 15% de las madres son analfabetas). El 80% proviene de familia numerosa y uno de cada tres tiene, o ha tenido, algún familiar preso. Casi el 30% no tenía vivienda propia (en propiedad o alquiler) en el momento de ingresar en prisión, y dependían de otras personas para tener un techo (familiares, amigos, instituciones). Casi el 4% vivía en la calle.
En conclusión, el perfil de las personas encerradas en la cárcel se corresponde con el de los sectores de la población que se encuentran en un mayor riesgo de exclusión social, si no se encuentran ya en esa situación: personas jóvenes, con escasa cualificación –trabajos precarios- y bajo nivel educativo, con situaciones familiares poco estables y con delitos relacionados con las drogas, y una importante proporción de extranjeros. Aquí surgen muchas cuestiones interesantes, de las cuales me gustaría dejar señaladas un par, a modo también de propiciar discusión.
Por un lado, la variable más compartida por los presos sigue siendo el hecho de haber delinquido. Más exactamente, haber delinquido, haber sido descubierto y condenado. En los orígenes de la Criminología –y, desafortunadamente, aún hoy a veces– se estudiaban las características de los delincuentes a través de las características de los presos. Habitualmente concluían que los delincuentes eran personas menos inteligentes que los no delincuentes –y, casi todos, pobres, lo que justificaba una persecución aún más dura contra ellos–. Más allá de lo inapropiado de distinguir entre “personas delincuentes” y “personas no delincuentes”, les llevó bastante tiempo darse cuenta de que sólo estaban estudiando a aquellos delincuentes que habían sido descubiertos, y que aquellos con mucha inteligencia se las ingeniaban para no ser pillados. Con el tiempo se vio que esta “inteligencia” muchas veces tenía que ver, en realidad, con la clase social y los recursos de quien delinquía, así como con el tipo de delitos que el sistema penal perseguía (i.e. robo de gallinas vs fraude fiscal corporativo). Así, en el funcionamiento normal del sistema penal, se ha ido demostrando cómo las variables que hacen que una persona acabe en prisión tienen que ver más con su posición social que con sus características personales. El delito está repartido más aleatoriamente –y no lo está– que la pena de prisión.
Si uno es capaz de olvidarse de toda la teoría jurídica que explica y justifica el encierro debido a haber delinquido (en cuyo caso se echaría de menos a muchos más presos en la cárcel –ejemplos “actuales”: alcaldes y concejales; policías y banqueros–), y es capaz de entrar en la cárcel, sin prejuicios, a observar a quién se encierra allí, la respuesta más probable será que a pobres o personas que no tienen nada. Si uno se olvida de la justificación actual de la cárcel (instrumento contra la delincuencia) y se va a sus orígenes históricos, relacionados abiertamente con el encierro de pobres que habían llegado a la ciudad con la revolución industrial (sin necesidad de que hubiesen delinquido), la sensación puede cobrar un poco de sentido. Que los orígenes históricos de la cárcel se encuentren en el encierro de pobres no quiere decir que hoy la cárcel exista para encerrar pobres, pero el origen del encierro es un tema que trataré en la siguiente entrada.
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Bibliografía:
(Algunos) Datos de Instituciones Penitenciarias sobre presos: Aquí
Gallego, Manuel, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos y José Luis Segovia (2010), Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas. (Ver gráficas del libro).
Ríos Martín, Julián Carlos y Pedro José Cabrera Cabrera (1998), Mil voces presas. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.
La extraña relación entre delincuencia y cárcel
Como dijimos, vamos publicando una serie de artículos de Ignacio González Sánchez que se pueden encontrar en the social science post, una página que pretende acercar a la gente investigaciones universitarias. En este se analizan datos estadísticos según los cuales, contra la creencia general de la masa desinformada, mientras la cantidad de delitos conocidos por la policía en los 25 años anteriores a su elaboración –el artículo es de 2014– ha permanecido estable o ha disminuido, el número de personas presas casi se ha duplicado. Es decir, que el uso que se hace de la cárcel no tiene demasiado que ver con la llamada «delincuencia».
La delincuencia se ha convertido en una experiencia cotidiana para la mayoría de nosotros. Es raro el día en que no oímos algo sobre un robo o un asesinato, incluso aunque no salgamos de casa. Los vecinos, la televisión, internet. Para la mayoría se trata de una experiencia diaria, si bien indirecta. La criminalidad, y la inquietud que nos genera, nos acompañan regularmente y, sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que te robaron? (De manera directa, no a través de la corrupción…).
Cuando se le pregunta a la gente por la situación delictiva en España, la mayoría está de acuerdo en que es mala, y el 92% está seguro de que la delincuencia ha aumentado mucho o muchísimo en los últimos años (ODA, 2005). Mucho o muchísimo, ojo. Saber si esto es cierto es algo muy complicado, para lo cual le podemos preguntar a distintas personas. Lo habitual, aunque sea sólo por inercia, es preguntarle a la policía, que son los profesionales en la materia. Cuando uno mira sus datos, ve que la delincuencia en España ha disminuido levemente (dentro de una estabilidad general) desde 1989 (es decir, durante los últimos 25 años).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio del Interior.
Los datos sólo llegan hasta 2006 porque entonces se dejaron de publicar desagregados, y su publicación se ha ido deteriorando hasta ocasionar peticiones públicas de varios profesionales para una mayor transparencia y hasta el punto en que organismos europeos han preferido dejar en blanco lo relativo a las estadísticas españolas antes que publicar la información que estaba suministrando el Ministerio de Interior, por poco fiable (ver Aebi y Linde, 2010; Serrano Gómez, 2011).
Pero, ¿cómo mide la delincuencia la policía? Contando los delitos de los que tiene constancia. ¿Significa eso que hay más delincuencia que la que dice la policía? Evidentemente. Todas las veces que has delinquido, y no te han pillado, no están contabilizadas. A todos esos delitos que suceden y que el sistema penal no detecta, se les llama cifra oscura, y se estima que es bastante grande (pequeña para asesinatos, grande para evasión fiscal, por ejemplo). Por esto se ha señalado que las estadísticas policiales miden mejor la actividad de la policía que la de los delincuentes. Por ejemplo, si un día los policías no trabajasen, la delincuencia oficial sería cero, mientras que probablemente sería un día con delitos. Hubo un grupo de personas que pensaron que mejor que preguntarle a la policía, o para complementarlo, se le podía preguntar a la gente, en lo que se conocen como encuestas de victimización.
En España se le ha preguntado pocas veces a la gente si ha sido víctima de algún delito en el último año, o en los últimos 5 años. Aún así, si se juntan las tres encuestas de ámbito nacional realizadas (con algunas diferencias de método), la tendencia coincide con los datos policiales: la delincuencia en España ha disminuido ligeramente desde finales de los 80.
Gráfico 2. Personas que declaran haber sido víctimas de un delito (%) (1989-2008)
Fuente: García España et al., 2010.
La conclusión no es que en España la delincuencia ha disminuido, puesto que la policía puede haberse enterado de pocos delitos, o no poder contar cada año más porque sigan siendo los mismos policías y no den abasto (en realidad, ahora hay más policía que durante el franquismo). También puede ser que la gente tenga mala memoria o que no le dé la gana contarle a un encuestador su vida privada. En todo caso, lo que se puede afirmar es que no hay datos que digan que la delincuencia haya aumentado “mucho o muchísimo” en España. ¿Por qué lo piensa tanta gente, entonces?
Volviendo a nuestro tema, la cárcel, cabe preguntarse qué relación tienen los niveles de delincuencia con el uso de la cárcel. Parece claro que quien está en la cárcel ha delinquido, pero que no todo el que ha delinquido está en la cárcel. Yo no he estado preso, por ejemplo. A nivel agregado, la relación entre el número de presos y la delincuencia es compleja, y desde luego mediada por factores como la duración de las penas, las políticas sociales de un país o las alternativas existentes a la prisión. Para Canadá, EE.UU. y Finlandia, se observan tres tendencias distintas que sugieren que para entender estas variables necesitamos más información que la que nos provee el sentido común o las teorías jurídicas:
Gráfico 3. Evolución a lo largo del tiempo de las tasas de reclusos y delitos declarados en Finlandia, Canadá y EE.UU. (reclusos y delitos por cada 100.000habitantes) (1980=100)
Fuente: Lappi-Seppälä, 2008. Basado en estadísticas nacionales.
Volviendo a España, podría ser que la delincuencia, a pesar de no haber aumentado, sea mucha o poca. Para intentar que no sea meramente un juicio de valor, se puede comparar con los países de nuestro entorno. Ahí se ve que España tiene comparativamente poca delincuencia, y muchos presos (ver Díez Ripollés, 2006), lo cual apunta hacia un uso excesivo del encierro, más que a un problema de delincuencia. Con los gráficos anteriores en mente, de estabilidad en ligero descenso de la delincuencia, se puede ver ahora el de la evolución de presos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística
Parece difícil explicarlo con los datos de la delincuencia. En 20 años en los que la delincuencia apenas varía, el número de presos se duplica muy holgadamente. ¿Por qué hay más presos si no hay más delincuencia? Ni siquiera es que la delincuencia haya disminuido proporcionalmente al aumento de presos, lo cual podría explicar que efectivamente encerrar a los delincuentes evita que se produzca delincuencia. De nuevo, hay que tener cuidado con cómo se mide la delincuencia. Incluso, podría ser que la gente tenga razón, pero lo interesante es ese consenso sin que existan datos en los que se basa. A su vez, la gente también piensa que en España hay pocos presos y que pasan poco tiempo en prisión, y los datos indican lo contrario. ¿De dónde nos informamos, cómo aprendemos, sobre cárcel y delincuencia? ¿Por qué tenemos tanta información sobre unas cosas y tan poca sobre otras?
Tal vez haya que mirar alrededor, o un poco más allá, y dejar de pensar la cárcel en términos estrechos relacionados únicamente con la delincuencia. La cárcel está inmersa en una red de relaciones institucionales que condicionan su funcionamiento; refleja unas visiones culturales a las que, a su vez, contribuye a dar forma; responde a relaciones de poder entre los distintos grupos que existen dentro de una misma sociedad; y se relaciona o enmarca dentro de políticas más amplias de gestión de la marginalidad, entre otras cosas. Pensar que la cárcel sólo es una respuesta automática a la delincuencia es no pensar la cárcel, sino sólo reflejar y reproducir la justificación de su existencia.
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Bibliografía:
Aebi, Marcelo y Antonia Linde (2010), “El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 12. Ver.
Díez Ripollés, José Luis (2006), “Algunos rasgos de la delincuencia en España a comienzos del siglo XXI”, Revista Española de Investigación Criminológica 4. Ver.
García España, Elisa, José Luís Díez Ripollés, Fátima Pérez Jiménez, María José Benítez Jiménez y Ana Isabel Cerezo Domínguez (2010), “Evolución de la delincuencia en España: Análisis longitudinal con encuestas de victimización”, Revista Española de Investigaciones Criminológicas, 8. Ver.
García España, Elisa y Fátima Pérez Jiménez (2005), Seguridad ciudadana y actividades policiales. Informe ODA 2005, Málaga: Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.
Lappi-Seppälä, Tapio (2008), “Confianza, bienestar y economía política. Explicación de las diferencias en materia de política penal”, en Serrano Maíllo, Alfonso y José Luis Guzmán Dálbora (eds.), Procesos de infracción de normas y de reacción a la infracción de normas: dos tradiciones criminológicas. Nuevos estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez, Madrid: Dykinson. Pp. 335-372.
Serrano Gómez, Alfonso (2011), “Dudosa fiabilidad de las estadísticas policiales sobre criminalidad en España”, Revista de Derecho Penal y Criminología 6: 425-454. Ver.
¿Cuándo fue la última vez que te paraste a pensar en la cárcel?
Ignacio González Sánchez es un chaval bastante joven que trabaja como profesor de criminología en la universidad de Gerona, aunque eso es lo de menos. Lo que nos interesa un poco más entre lo que le concierne es el discurso sobre la cárcel que de un tiempo a esta parte ha estado articulando, en charlas e intervenciones en jornadas de reflexión anticarcelaria, ofrecidas en diferentes lugares, de las que, como ejemplo, podéis ver el vídeo de su aportación a las III jornadas antipunitivistas organizadas por Salhaketa Nafarroa en noviembre del año pasado. Que sepamos, él hace una síntesis de muchas aportaciones críticas sobre la cárcel y el sistema penal, combatiendo los tópicos de la desinformación sobre este tema que invaden los medios de incomunicación y las huecas cabezas de los conformistas. Vamos a publicar, poco a poco, una serie de artículos suyos que hemos encontrado en internet, testimonio de su labor, iniciada ya hace unos cuantos años. Aquí va el primero.
¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE TE PARASTE A PENSAR EN «LA CÁRCEL»?
Sin cárcel que atemorizase a los delincuentes y evitase los robos y los asesinatos, la sociedad no podría mantenerse. No obstante, la cárcel como pena apenas cuenta con 300 años. ¿Cómo mantenían un cierto grado de orden las sociedades anteriores? ¿Evita la cárcel que haya robos y asesinatos hoy en día? ¿Por qué nos parece una respuesta tan natural y válida encerrar a alguien que incumple la ley? ¿Por qué los castigos corporales nos generan aversión y a nuestros antepasados no? ¿Eran menos humanos que nosotros? ¿Por qué no consideramos el encierro como un castigo corporal? ¿Es casualidad que la cárcel surgiese paralelamente a las grandes ciudades y a la pobreza? ¿Es la cárcel una institución capitalista?
Descubrir que la cárcel tiene un origen histórico, y que no ha estado ahí “desde siempre”, es en sí mismo un acto político. No hablo ni siquiera de dejar de entender la cárcel como una consecuencia automática de la aplicación del Derecho y verla como una institución política (Foucault, 1975) –algo, por lo demás, fundamental si se quiere entender mínimamente esta institución-, sino simplemente de desnaturalizar el que la respuesta a la delincuencia (¿a todas las formas de delincuencia?) sea encerrar a alguien.
¿Qué sentido tiene encerrar a alguien? O mejor, ¿qué sentidos tiene encerrar a alguien? La cárcel tiene que dar el suficiente miedo como para que quien se plantee delinquir termine por no hacerlo. Para ello ha de tener unas condiciones malas. No obstante, le pedimos constitucionalmente a la cárcel que rehabilite a los delincuentes. ¿Todos los delincuentes necesitan rehabilitarse, resocializarse? ¿Cómo queremos que la cárcel rehabilite si a la vez nos molesta que tengan un televisor –herramienta básica para mantenerse informado-? ¿Cómo podemos convivir con ideas tan contradictorias como reprocharle a la cárcel que sea poco exitosa rehabilitando y a la vez deseamos que muchos delincuentes “se pudran” en la cárcel? No a todos los delincuentes, porque hay de muchos tipos, pero entonces ¿por qué usamos para todos el mismo remedio, la cárcel? ¿Alguien se resocializa pudriéndose? ¿Es justo que le pida a una persona que se reinserte en una sociedad alejándolo de ésta y dejándolo en barbecho junto con otros delincuentes durante años? Ahondar en las contradicciones y en las demandas opuestas a las que tiene que hacer frente la cárcel es un primer paso para comprender sus dinámicas internas.
No obstante, se repite mucho que el problema es que las penas no son suficientemente duras y que delinquir sale gratis. Sin volver a la contradicción de pedirle a la cárcel que sea tan mala como para que nadie quiera ir allí, pero tan buena como para ofrecerle oportunidades a los presos que la propia sociedad no les ha dado, se puede acudir a los datos: España tiene ya uno de los Códigos penales más duros de Europa, y las penas son el doble de las previstas de media para el resto de los países europeos. Es decir, comparativamente, en España se castiga una barbaridad, a pesar de hacerlo de una forma tan civilizada como la cárcel. Estamos en el podio de los países que más castigan de la antigua UE-15. ¿Por qué no sabemos esto, si precisamente la finalidad de las leyes duras es que su conocimiento prevenga el delito? ¿Tiene que ver con un intento desesperado de frenar el incremento de la inseguridad? Podría ser, pero coincide que la delincuencia en España es particularmente baja, especialmente en lo relativo a delitos violentos (de los tres países europeos más seguros en materia criminal). No sólo es baja, sino que la tasa de delincuencia lleva estabilizada en ligero descenso desde 1989, mientras que el número de presos y de policía ha seguido aumentando. ¿Por qué, si no hay más delincuencia, se amplía el uso de sistema penal? Si no hay más delitos pero hay más presos, ¿a quiénes se está encerrando? ¿Por qué se sigue oyendo a políticos que piden el “cumplimiento íntegro de las penas” cuando éste ya se aprobó en 1995? ¿Saberlo no ayudaría a reducir la delincuencia? ¿La delincuencia depende de los cálculos que hagan los delincuentes con el Código penal en mano? Por cierto, ¿quiénes son “los delincuentes”? ¿Alguna vez has delinquido? ¿Te consideras un delincuente?
Lo fundamental, más que estos datos que más adelante se explicarán debida y matizadamente (ver González Sánchez, 2011), es el hecho de nuestra ignorancia al respecto. En verdad, ni siquiera sabemos que lo ignoramos, porque la cárcel y la penalidad nos dan respuestas a preguntas que no llegamos a plantearnos explícitamente, precisamente porque ya tenemos unas respuestas “válidas”, preconcebidas. Esta fuerza cultural que tiene la cárcel para proveer una guía de actuación simple y cuasi automática ante un fenómeno tan complejo como es el de la delincuencia, es tan importante como el hecho de que la mayoría de las personas penalizadas pertenecen a las clases bajas, por lo que algunos autores plantean que no es una respuesta cuasi automática a la delincuencia, sino a la pobreza y el conflicto social inherente a una sociedad desigualitaria. Su faceta material, represiva (de conductas, de cuerpos), y su faceta comunicativa productiva (de categorías sociales, de reducir las ansiedades) se entrelazan y refuerzan constantemente.
En la serie de textos que seguirán a este, me centraré en la “penalidad”, entendida como el conjunto de leyes, procedimientos, discursos, instituciones y prácticas asociadas al castigo como institución social (Garland, 1990). Cómo y cuánto castigamos, o nos castigan. El primer paso es descubrir que, en general, no pensamos sobre la cárcel y el sistema penal, sino que pensamos con él, a través de él. Si la cárcel sirve para reducir la delincuencia y la delincuencia está aumentando, habrá que aumentar los años de cárcel, se piensa lógica y evidentemente (o, mejor, se sabe sin pensar, debido precisamente a que es “evidente”). Raramente nos cuestionamos si la cárcel sirve para reducir la delincuencia, si las penas ya son suficientemente elevadas, o siquiera si la delincuencia está aumentando o no. O cómo mide la policía la delincuencia. Le encargamos al Estado la custodia de ciudadanos y ni siquiera sabemos cuáles son las condiciones del encarcelamiento, ni cuánta gente hay, ni si salen de allí y en qué condiciones. La cárcel promete una solución sencilla a un problema complejo, y tal vez con eso le sea suficiente. Aquí se promete plantear cuestiones sencillas a una institución aparentemente sencilla, pero muy compleja.
¿Cuándo ha sido la primera vez que te has parado a pensar en “la cárcel”?
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Bibliografía:
Foucault, Michel. [1975]. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI, 1979.
Garland, David. [1990]. Castigo y sociedad moderna: un estudio de teoría social. México: Siglo XXI, 1999.
González Sánchez, Ignacio. (2011). “Aumento de presos y Código Penal: una explicación insuficiente”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 13: artículo 4.
Sobre la concentración del 28 de diciembre frente a la SGIP
El 28 de diciembre, concentración ante la SGIP para denunciar el abandono médico en prisión
Igual que el año pasado y como pensamos hacer todos los años, convocamos para el día 28 de diciembre a todas las familias, amistades y personas solidarias de las personas presas a una concentración ante la sede de la Secrtaría general de Instituciones Penitenciarias para recordar a l autoridad responsble, en primer lugar, que la sanidad panitenciaria es una vverdadera catástrofe y que las personas presas no tiene garantizado el dercho a la salud y, además toda la larga serie de vulneraciones de derechos y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se hace sufrir a nuestra gente presa a cargo del erario público. También queremos solidarizarnos con la huelga de hambre que un puñado de personas presas han sostenido entre el 10 y el 15 de diciembre por una tabal reivindicativa qu ecoincide en gran medida con lo que nosotras exigimos. A continuación, el panfleto que hemos prpeparado para repartirlo allí. Picando en las imágenes se puede ver y descargar. Más abajo va el texto completo. Continue reading