El 6 de junio, manifestación ante la cárcel De Puerto III por las muertes en prisión «en extrañas circunstancias»
Cartel y panfleto para la concentración del 3 de junio frente a la cárcel de Picassent
3 de junio, frente a la prisión de Picassent (Valencia), 7º aniversario de la Muerte de Luis Manuel Acedo Sáenz: las cárceles españolas siguen siendo lugares de exterminio
¿Por qué muere nuestra gente en las cárceles?
¿POR QUÉ MUERE NUESTRA GENTE EN LAS CÁRCELES?
¿No será por la suma de tratos crueles, inhumanos y degradantes de todo tipo que se le hace sufrir en ellas cotidianamente?
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención y todo tipo de restricciones. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos graves con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesonales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que casi la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario permanezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. El tráfico de drogas ilegales está consentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad ‒muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»‒ es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimentos en circunstancias extrañas y dudosas, que nunca se aclaran, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los presos, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Muchas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Hacemos un llamamiento a unirse a nosotras a todas las familias, amistades y vecindario de personas presas, y a toda persona sensible y respetuosa de la dignidad humana.
¡BASTA DE ABANDONO MÉDICO EN LAS PRISIONES!
¡NI UN MALTRATO, NI UNA MUERTE MÁS!
Familias Frente a la Crueldad Carcelaria
El sábado, 4 de junio, concentración ante la cárcel de Picassent convocada por la familia de Luis Manuel Acedo Sáenz y por sus compañeras de Familias Frente A La Crueldad Carcelaria
Luis Manuel Acedo Sáenz llevaba dos años cumpliendo condena en la cárcel de Picassent. Trabajaba en talleres para mantener a su hijo y hacía deporte, intentando llevar una vida activa y positiva que le permitiera salir de la cárcel con la mayor integridad posible. Pero un mal día empezó a sentirse demasiado cansado para mantener el ritmo de vida que había decidido adoptar. Poco después, le salieron unos bultos de los que en la enfermería de la cárcel no supieron decirle qué eran ni darle ningún remedio eficaz. Enseguida empezaron los dolores en el abdomen; “me duele por dentro”, decía. Iba a la enfermería todas la semanas, pero el médico carcelero ni sabía lo que tenía ni se dignó enviarle al hospital de la calle para que le hicieran ningún tipo de prueba. Se limitó a dar palos de ciego con diversos analgésicos y antiinflamatorios, que no paliaron ni poco ni mucho ni nada los terribles dolores que estaba sufriendo Luis.
En poco tiempo, debido al dolor y al cansancio, fue bajando el ritmo en el gimnasio hasta que tuvo que dejarlo definitivamente. Pronto tuvo que dejar también el trabajo. Le dieron una baja de cuatro días y, después, sin más, lo echaron al patio definitivamente. Iba perdiendo peso, mientras el dolor se hacía cada día más fuerte y continuo. Y así pasó dos meses, tirado en el patio, bajo la mirada indiferente o despectiva de los responsables, sin diagnóstico ni tratamiento adecuados para el cáncer de páncreas con metástasis en el hígado que padecía. Seguía visitando la enfermería y pidiendo inútilmente ayuda a quienes estaban legalmente obligados a cuidarle. Mandó dos cartas a los responsables rogando por su vida, a las que ellos no hicieron ningún caso.
Cuando, bajo la presión de la madre de Luis, alarmada por el estado en que veía a su hijo, decidieron sacarle al hospital para hacerle las pruebas correspondientes, ya era demasiado tarde. Aún tuvo que aguantar algún tiempo en la situación miserable que hemos descrito, hasta que, una vez fue seguro que no tenía salvación, siguiendo la inhumana política al respecto de la SGIP, decidieron excarcelarle para que muriera fuera. Eso sucedió a mediados de agosto de 2016, después de un corto tratamiento que solamente alcanzó a paliar un poco los terribles dolores, pues ya no se podía hacer nada más. No le habían dejado ninguna otra opción que el abandono, el dolor y la muerte.
De eso va a hacer seis años, durante los cuales no ha mejorado la situación en las cárceles nI en el aspecto médico-sanitario ni en nigún otro, y la gente presa sigue muriendo, algunxs por enfermedad, ya que no excarcelan a lxs enfermxs graves y ancianos como sería legal; otrxs por supuesta sobredosis, pues el tráfico de drogas ilegales está consentido en las cárceles y se reparten sin control médico las drogas legales y la metadona como si fueran golosinas; otrxs suicidados, ya que la existencia en prisión quita las ganas de vivir de múltiples maneras, la salud mental es difícil de mantener y a quienes la pierden o entraron ya sin ella se les castiga en lugar de cuidarlos; otrxs mueren en extrañas circunstancias en medio de la impunidad de la que gozan los carceleros torturadores o en el régimen destructivo de aislamiento y privación de todo vigente. Los familiares de la gente fallecida continúan siendo maltratados por las administraciones judicial y penitenciaria que les ocultan información y dificultan enormente la investigación de las circunstancias que se debería realizar de oficio y se sustituye por rutina burocrática y oscurantismo.
Lo que aprenden en carne propia las familias de la gente presa, si no lo sabían ya, es que las cárceles no deberían existir y que, mientras sus seres queridos estén en poder del sistema punitivo, peligra su vida y su integridad, por eso la familia de Luis, con sus compañeras de la asociación de familiares y amigxs de gente presa Familias Frente A la Crueldad Carcelaria, se mantiene en lucha contra ellas y por la defensa de la gente encarcelada y convocan peor sexto año una concentración frente a la horrible macrocárcel de Picassent (Valencia).
El 25 de julio, concentración en la cárcel de Picassent en el cuarto aniversario de la muerte de Luis Manuel Acedo Sáenz
Apoyo a la denuncia de torturas en la cárcel de Albocàsser
El Grup de Suport a Persones Preses de València ha sacado una pegatina, un cartel y un fanzine para apoyar la denuncia por torturas a personas presas presentada por la asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria contra carceleros de la prisión de Castellón II. También el grupo Fuera Del Orden, de Alcalá de Xivert (Castellón), ha elaborado un fanzine con el mismo propósito. Y el programa de radio Tokata y Fuga ha hablado igualmente de ello.
Fanzine del Grup de Suport a Persones Preses de València
Tokata Y Fuga 16-XI-2019. Torturas En Las Cárceles Y Comisarias, Brutalidad Policial En Las Calles
Torturas en la cárcel de Albocàsser (Castellón II) en agosto y septiembre
La asociación FFACC (Familias Frente A la Crueldad Carcelaria) se ha empeñado en denunciar pública y judicialmente las torturas que sufrieron entre el 30 del pasado agosto y el 16 de septiembre un número indeterminado de presos –quizá 10 o 12– de los que cuatro han denunciado ya ante el Juzgado de Guardia. Piden apoyo a su lucha contra la tortura, la idefensión de las personas presas y las mentiras y tergiversaciones de los defensores de la crueldad institucionalizada. A continuación, un resumen de lo sucedido y de la valoración de la asociación. Siguiendo los enlaces de abajo del todo se puede encontrar un informe bastante más completo y una serie de documentos relevantes.
TORTURAS EN LA CÁRCEL DE ALBOCÀSSER
La Asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria está formada por familiares y amigos de personas presas. Su finalidad es defender los derechos de quienes han tenido la desgracia de entrar en la cárcel, denunciar públicamente todas las situaciones que vulneren esos derechos y hacer todo lo posible para corregirlas. Queremos dar a conocer una de esas situaciones, que se dio en la cárcel de Albocàsser entre finales del pasado mes de agosto y mediados del de septiembre, y señalar una serie de aspectos en que, en nuestra opinión, se ha atentado gravemente contra la integridad y la dignidad de más de 10 personas presas en esa cárcel sometiéndoles a tratos crueles, inhumanos y degradantes que en gran parte se pueden calificar con toda propiedad como torturas.
El 31 de septiembre varios medios de comunicación se hacían eco de las informaciones de algunos sindictos de funcionarios de prisiones y especialmente de la nota de prensa del sindicato ACAIP. Según el relato publicado, el viernes, 30 de agosto de 2019, sobre las seis de la tarde, en el módulo 3 de la cárcel de Albocàsser (Castellón II), un interno “agredió a un funcionario, le golpeó en la cabeza con una escoba, hasta el punto de partir el palo, y trató de apuñalarlo con trozos de madera del mismo”, este preso y otro de sus compañeros “se atrincheraron en el patio del módulo y comenzaron a amenazar a los funcionarios con matarlos y a tirarles objetos” alentando al resto de internos a “secundar la agresión” y creando “una situación de máxima gravedad dado que podría derivarse en un motín”, aunque desde Instituciones Penitenciarias “han asegurado que no hubo ningún intento de motín y que el resto de internos no secundó los hechos”. Entre 15 y 20 funcionarios “tuvieron que acudir al módulo y entre todos lograron controlar la situación”, aislando a esos dos internos, “encerrando en el comedor al resto y subiéndoles escalonadamente a sus celdas”. Igualmente, se afirma que “el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración”, pero también que “según fuentes penitenciarias, el trabajador no requirió hospitalización y se encuentra en buen estado”.
Por encargo de nuestra asociación, alertada por la madre de uno de los presos afectados, el abogado Lisandro Giordani González fue a visitar cuatro de los presos implicados, cuya versión de los hechos resulta bastante diferente de la anterior. Los cuatro manifestaron haber recibido verdaderas palizas por parte de funcionarios de prisiones, a base de porrazos, puñetazos y patadas, incluso en la cabeza. Dos de ellos fueron llevados a aislamiento el mismo día 30 después de ser terriblemente apalizados —hasta el punto de perder uno de ellos el conocimiento— por gran número de funcionarios, en presencia del resto de los internos del módulo 3, que, según la versión de todos los internos denunciantes, se limitaron a protestar verbalmente, pero no hicieron nada más ni se resistieron a cunplir las órdenes de los funcionarios. Los otros dos fueron conducidos a una celda de aislamiento al día siguiente y fueron golpeados en varias ocasiones con porrazos patadas y puñetazos, insultados, amenazadsos y vejados. Los cuatro permanecieron en celdas de aislamiento más de quince dias, sin agua corriente, sin sus pertenencias personales y sufriendo en repetidas ocasiones el maltrato descrito. Fueron objeto también de expedientes disciplinarios, de regresión a régimen cerrado o primer grado de tratamiento desde el segundo grado o régimen ordinario en que se encontraban y trasladados a otras cárceles. A uno de ellos al menos se le privó bruscamente del tratamiento psiquiátrico que estaba recinbiendo lo que le provocó un severo síndrome de abstinencia. Aseguran que cierto número de sus compañeros de módulo —quizá unos diez o doce— sufrieron un trato parecido.
Resultan considerablemente divergentes el relato de los “hechos” publicado y el que se hace en las denuncias que se han presentado en los juzgados de guardia, basadas en los testimonios de los presos afectados, concordantes pese a haber sido recogidos individualmente, encontrándose ellos aislados, incomunicados entre sí y sin haber tenido la menor oportunidad de ponerse de acuerdo. Dejando aparte la desproporcionada violencia y la crueldad empleadas por los funcionarios, esos relatos se contradicen, sobre todo, en lo que atañe a la supuesta resistencia opuesta por algunos de los reclusos frente a la actuación de los funcionarios de prisiones con posterioridad a la agresión con el palo de escoba. Y lo mismo en lo que toca a la incitación al motín por algunos de ellos y al supuesto intento de motín e insubordinación subsiguientes de un número aún mayor, aunque impreciso de reclusos. Resistencia e incitación al motín que, en el relato de los presos sencillamente no existió. Pero, pasara lo que pasara, nos consta que —además del castigo reglamentario y la probable denuncia penal— al menos cuatro personas han sido maltratadas y amenazadas como represalia y escarmiento por lo supuestamente sucedido el día 30 de agosto, lo cual constituye tortura, si hacemos caso de la definción de la misma contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores y sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otrta persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.”
Y también es necesario tener muy en cuenta que el proceder de ACAIP y de los medios que han publicado estas noticias atenta gravemente contra el derecho a la presunción de inocencia de las personas presas interesadas, al difundir un relato, considerablemente sesgado y tergiversado por las ideas fijas que animan las campañas mediáticas de los sindicatos de carceleros a favor de sus intereses “laborales”, relato que presenta como culpables de unos hechos delictivos que no han sido convenientemente calificados, documentados y mucho menos probados a unas personas que, desde otro punto de vista, se pueden considerar, más bien, como víctimas de los mismos que les denuncian. Pero el caso es que quienes difunden esa versión de los “hechos” exagerada y distorsionada son agentes de la autoridad pública y su comportamiento va contra la ley. Por ejemplo, contra lo que dicta la Directiva (UE) 2016/343, de 9 de marzo de 2016 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en su artículo 4: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras ni se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable.” Ese relato de lo supuestamente sucedido el 30 de septiembre fue publicado en varios medios de comunicación el día 31, antes de que se hubiera comunicado oficialemente el inicio de ningún expediente disciplinario o interpuesto denuncia penal alguna, aunque mucho nos tememos que las acusaciones formales coincidan casi exactamente con la versión publicada. Así que nos veríamos ante un juicio paralelo, extralegal, y no solamente en lo que se refiere a la publicidad, ya que los acusados ya han sido condenados y castigados con aislamiento, malos tratos físicos y psicológicos, sanciones disciplinarias, regresiones en el grado de tratamiento con el correspondiente endurecimiento de sus condiciones de vida, traslados por los que se les aleja de su entorno social y familiar, pérdida de sus pertenencias personales, alteración injustificada y punitiva del tratamiento psiquiátrico, etc. Acusados, juzgados, condenados y castigados sin garantía alguna, en una situación de abrumadora inferioridad y total indefensión.Acusados, juzgados, condenados y castigados, en una situación de abrumadora inferioridad y total indefensión.
Porque todo lo expuesto hace pensar que los funcionarios penitenciarios responsables de los abusos que estamos denunciando han hecho caso omiso de las instrucciones dirigidas a los directores de prisiones en la orden de servicio sobre el “deber legal parte de lesiones” de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 1 de julio de 2019 y recientemente publicada. Indicaciones en el sentido de “ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a la legalidad”, para “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos la función pública” además de cumplir “la legalidad vigente y las indicaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”. De manera que sería necesario comprobar si han sido remitidos por la dirección del centro penitenciario de Castellón II al Juzgado de Guardia competente los partes de lesiones que en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hubiera debido elaborar el médico responsable, acompañadaos de los “partes de hechos e informes adicionales”; si el director ha acordado “la realización de actuaciones tendentes a esclarecer lo sucedido” y ha remitido al Juzgado de Guardia “copia de lo actuado” y de las declaraciones de los internos afectados; y, por último, si se ha informado de todo ello al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Para nosotras es evidente que no se ha respetado la legalidad vigente ni los principios elementales de la dignidad humana y que la duda sobre la existencia de abusos y desviaciones por parte de los funcioarios de la cárcel de Albocàsser responsables está muy próxima a convertirse en certeza. Nos han llegado, además, una y otra vez, por parte de personas presas, familares y allegadas de las mismas, informes de que en la cárcel de Albocàsser se infieren rutinariamente a las personas presas desde hace mucho tiempo toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así pues, queremos denunciar públicamente, tal como lo hemos hecho judicialmente, lo que para nosotras son gravísimos abusos de poder y tratos crueles, inhumanos y degradantes inferidos a personas presas por funcionarios de prisiones. Nos proponemos hacer lo necesario para sostener esta denuncia hasta las últimas consecuencias, tanto públicamente como en el terreno judicial.
Familias Frente A la Crueldad Carcelaria
11 de mayo, concentración frente a la cárcel de Picassent en memoria de Luis Acedo Sáenz y en apoyo de los presos en lucha
El sábado, 11 de mayo, más de 50 personas procedentes de Valencia ciudad, de varios pueblos y comarcas del País Valencià (Albaida, Ontinyent, Alcoy, Cocentaina, L´Olleria, La Safor…), de Madrid, Toledo y otras ciudades, acudieron a la convocatoria de la familia de Luis Manuel Acedo Sáenz y de la asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria a la que pertenecen, para concentrarse durante dos horas, conmemorando la muerte de Luis, hace tres años, enfermo de cáncer, abandonado sin diagnóstico ni tratamiento en uno de los sucios patios de la prisión de Picassent, expulsado de sus talleres sin baja ni nada, maltratado y humillado por los carceleros y los médicos carceleros y excarcelado cuando ya no se podía hacer nada por ayudarle, para que muriera en la calle. También se trataba de apoyar la huelga de hambre que está realizando desde el 1 de mayo lxs presxs en lucha, en defensa de una tabla de 14 reivindicaciones, que analizan una serie de situaciones de tortura, crueldad y tratos crueles inhumanos y degradantes, como la que sufrió Luis, y que se dan rutinariamente en las cárceles del Estado español. Como se puede ver en las fotos de arriba, se sostuvieron pancartas, se repartieon panfletos, de los que se pueden ver las dos caras un poco más abajo, se cantaron canciones, se corearon consignas y se gritaron una y otra vez a través de un megáfono las 14 reivindicaciones. Hubo comunicación con las personas presas que se asomaron a las ventanas y fraternidad con ellas y entre las participantes.
Aquí debajo, el programa de radio Tokata y fuga de ese día donde recién llegadxs de la concentación, hacen tertulia con Toñi, la madre de Luis, con otra socia de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria como ella, nuestra compañera Lydia, y con Laura Delgado, abogada solidaria con las personas presas. Hablan también con Carmen, madre de una persona diagnosticada de esquizofrenia, inimputable y, sin embargo, presa, maltratada y aislada en régimen de castigo, que le fue entregada muerta en enero, con huellas evidentes de violencia y supuestamente suicidada por ahorcamiento. Recordamos una y otra vez a nuestra hermana y compañera Pastora González, fallecida el 25 de abril.