¡SEGUNDA PRESENTACIÓN DEL CROWDFUNDING, ESTA VEZ EN VALÈNCIA!
El próximo MIÉRCOLES, 20 DE MARZO, a las 19:00 horas, estaremos en Benimaclet presentando la campaña de micromecenazgo, coincidiendo con el inicio de la misma.
LLIBRERIA LA REPARTIDORA (VALÈNCIA) , C/ Reverend Rafael Tramoyeres 8, Benimaclet (València).
No faltéis
Dadle mucho amor y difusión
Y recordad, ¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!
«Juan Ruiz López lleva preso demasiados años, casi veinte desde su última entrada, que tampoco ha sido la primera. La mayor parte de ese tiempo lo ha pasado en primer grado o en régimen especial de castigo, lo que se llama DERT en Cataluña. Por reivindicar y exigir sus derechos, pero también porque, padeciendo un trastorno mental muy grave, es totalmente incapaz de adaptarse a la absurda vida carcelaria. Así que no ha dejado de sufrir castigos, encierro, aislamiento, ataduras, palizas y torturas, lo que la institución carcelera tiene reservado para gente como él en lugar de los cuidados que la sociedad debería ofrecer a un enfermo de esas características. Como esos cuidados son imposibles en unas cárceles donde no hay psiquiatría en absoluto y ni siquiera apenas sanidad, medicina o servicio de salud alguno, lo que debería ser tratado como síntoma patológico se convierte en infracción y conduce a un régimen de castigo tan destructivo que vuelve locos hasta a los más cuerdos. Y es que para eso sirve la cárcel, para arrinconar, condicionar brutalmente y destruir más o menos rápidamente a los inadaptados, mientras vive de su sufrimiento y miseria una legión de parásitos.»
Eso decíamos hace un para de meses cuando publicamos otro vídeo de Juan que nos había llegado. Lo repetimos porque nada ha cambiado y Juan vuelve a pedir socorro. ¡Juan no debe estar en la cárcel! ¡No le dejemos solo! ¡Juan Ruiz a la calle!
Aquí se le puede escribir a él:
Juan Ruiz López
Centro Penitenciario Mas d’Enric
Travessia Comella Moro 15
43764 El Catllar, Tarragona
Y aquí debajo teléfonos para llamar a las instituciones responsables interesándose por Juan:
Departamento de Justicia de la Generalitat: 93 857 40 00
Cárcel de Mas d’ Enric: 977 59 20 70
ABOLIR EL AISLAMIENTO PENITENCIARIO
Decía Foucault que la soledad [impuesta] es la condición primera de la sumisión total. Por eso no es de extrañar que el aislamiento penitenciario, el confinamiento solitario o como se quieran llamar los regímenes de vida excepcionales en las prisiones de todo el mundo, sean consustanciales a la idea misma de prisión: someter y neutralizar. Lejos o en el papel mojado quedan los derechos de las personas presas o los principios de reinserción, reeducación, rehabilitación que proclaman las constituciones cuando se trata de anular al enemigo interno, el delincuente.
Ya sea utilizado como sanción frente a la indisciplina grave, como medida administrativa de seguridad, protección o por decisión de un juez, las consecuencias del aislamiento en los seres humanos son desastrosas. Así lo reconocía Juan1 que pasó un año en aislamiento mientras estuvo preventivo: “Es como un infierno, si no estás fuerte te vuelves loco. La gente se suicida, quema el chabolo, se hablan solos… y tú lo escuchas”2.
La reducción de estímulos a todos los niveles debido a la falta de actividades y contacto humano significativo genera daños en la salud física, mental y social de quienes se aplica. Las investigaciones y estudios hablan que estos van desde el insomnio y la confusión hasta la alucinación y la psicosis3, riesgo de automutilación y suicidio. Asimismo este régimen se ensaña con aquellas personas que previamente tienen sufrimiento mental, patologías o tóxicodependencias. Como lo confirma Marcos, después de pasar años por un largo confinamiento solitario: “Las personas que moran en estos departamentos, son personas que ya de por si están arrasadas, personas que no tienen ningún control de sí mismas, de sus vidas, personas con una serie de problemáticas, trastornos y patologías mentales que les impiden o incapacitan para vivir en un contexto de cierta normalidad. No digamos ya para resistir o combatir los terribles efectos que produce, el régimen de aislamiento o primer grado, produciéndose una situación de extrema crueldad quedando atrapados y enquistados en ese régimen brutal, que se ceba con ellos y les aplica e inflige con toda contundencia los mismos remedios. Porque la institución es ciega a las personas, y sus circunstancias personales, es una máquina trituradora”.
Además, las condiciones materiales en las que se desarrolla el aislamiento, agravan aún más el sufrimiento. Isabel, presa en primer grado, a su salida testimoniaba como “Los módulos de aislamiento están situados en bajos, las ventanas están enrejadas lo que no permite la luz natural y además a metro y medio de la celda hay un muro, que no te permite ni siquiera ver el cielo. La luz artificial de la celda está en una pared y es una pequeña bombilla dentro de una caja de plástico, esa luz no permite leer ni en la cama ni en la mesa ni siquiera de día”. Condiciones confirmadas por Julián, también sobreviviente del aislamiento: “Duchas atascadas, mucha suciedad, colchones con vómito o rotos… Las ventanas daban para un patio muerto, muy pequeño, tapado con alambre. La única visión del mundo que teníamos era trocitos del cielo azul de la sierra madrileña”.
La opacidad que envuelve a este tipo de régimen de vida carcelaria y las condiciones que suponen puede también dar lugar, como afirma el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), a que se inflijan malos tratos de forma intencionada4. Por todo ello, los Principios Básicos para el Tratamiento de las Prisiones de las Naciones Unidas (1990), establecieron que debían emprenderse y fomentarse esfuerzos dirigidos a la abolición del régimen de aislamiento como castigo, o reducir al máximo su uso.
Para informar sobre la regulación legal sobre el aislamiento penitenciario, exponer las graves consecuencias físicas y psicológicas que genera su aplicación, visibilizar los relatos de personas que lo han sufrido y manifestar que la regulación prevista supone un trato cruel e inhumano, una veintena de organizaciones de derechos humanos en el estado español han lanzado una campaña por la Abolición del Aislamiento Penitenciario5. Visibilizar es el primer paso para erradicar.
NOTAS
1 Los nombres empleados son ficticios para evitar identificaciones y represalias.
2 Los testimonios aquí recogidos forman parte del Informe de la Campaña por la Abolición del Aislamiento Penitenciario.
4 CPT/Inf(2011)28-part2 Confinamiento de presos en solitario.
5 Informe de la Campaña por la Abolición del Aislamiento Penitenciario.
Fuente: https://desinformemonos.org/
Nos han invitado a hacer una presentación de nuestra asociación en la XIII Feria del libro anarquista de Sevilla. Será el 17 de marzo, frente a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, durante una marcha a esa cárcel convocada como parte de la feria. Nos encanta participar en este tipo de actos y agradecemos la invitación a la gente que los ha organizado. Además aprovecharemos para hacer allí la primera presentación de la campaña de crowdfounding que venimos anunciando y pensamos iniciar el 20 de marzo. Ponemos aquí arriba el cartel de convocatoria de la marcha y el nuestro donde anunciamos la presentación. En el enlace siguiente se puede encontrar la programación de XIII Feria del libro anarquista de Sevilla.
La máquina social penitenciaria se justifica por el principio de reinserción social como finalidad de las penas de cárcel y garantizando teóricamente el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las personas presas que no hayan sido restringidos por la sentencia condenatoria. Palabrería, porque nada de eso se cumple, sino que el sistema punitivo en su funcionamiento real resulta sumamente destructivo tanto para quienes están condenados legalmente a sufrirlo y presuntos culpables presos como para sus familiares y gente cercana. Los mecanismos de garantía o defensa jurídica sólo funcionan para los presos ricos, una exigua minoría, que pueden gastar mucho dinero en abogados. Y el sistema punitivo se ceba en los pobres, estigmatizando a los más rebeldes o inadaptados y persiguiéndoles de por vida, a ellos y a sus allegados.
Las familias que llegamos a tener a alguno de los nuestros en la cárcel, hemos de sufrir, sin proceso ni delito, una condena tan grave o más que la de nuestros seres queridos encerrados: un gran impacto emocional, mucho dolor, ansiedad, frustración, indignación, impotencia… que duran tanto como la condena judicial y bastante más allá; estigmatización social, malos tratos y humillaciones permanentes por parte de los agentes del orden (policía, jueces, administración, carceleros…); gastos elevados y continuos que lastran enormemente nuestras economías domésticas… Familias frente a la crueldad carcelaria (FFACC) surge como un intento de autodefensa solidaria ante todo eso.
Nuestra asociación fue fundada por un grupo de mujeres con hijos, hermanos, compañeros o padres encarcelados, muchos de los cuales han encontrado la muerte dentro de los muros. Se apoya en la compañía y atención recíproca como principal fuente de energía, habiendo organizado varios encuentros en los que se celebran talleres, guiados por una psicoterapeuta, para aprender a cuidarnos, y asambleas en las que dialogamos directamente sobre nuestros problemas comunes y decidimos en pie de igualdad sobre qué hacer para afrontarlos.
Coordinándonos en lo posible con grupos anticarcelarios de la calle y personas presas en lucha, hacemos lo que podemos para denunciar ante la sociedad y las instituciones responsables todos los abusos que sufrimos, tanto nosotras como nuestra gente presa, por medio de movilizaciones en las calles, ante las cárceles, juzgados, instituciones penitenciarias, etc; utilizando lo mejor que podemos los medios publicitarios a nuestro alcance; y también hemos de meternos muchas veces en procedimientos judiciales con la consiguiente necesidad de abogados que nos asesoren y asistan profesionalmente. Esa es nuestra principal fuente de gastos.
Hasta ahora nos habíamos financiado con ayuda de una caja de resistencia de grupos libertarios de Valencia, ya desaparecida, donde nos integramos como un grupo más, organizando comidas populares, vendiendo libros, láminas, camisetas, etc. Las sinergias en que nos apoyábamos casi se han disuelto y nosotras estamos bastante agotadas, pero tenemos que seguir adelante, porque todavía tenemos gastos considerables sin cubrir y casos judiciales abiertos: una muerte en prisión, varios enfermos mentales encarcelados, presos con condenas interminables, denuncias de abusos…
La entrevista que viene a continuación ya la publicamos en abril de 2019, traducida de la versión catalana que había salido un poco antes en un suplemento anticarcelario de La Directa titulado Des de dins. La rescatamos ahora porque se explica muy bien en ella –a través de un ejemplo de la vida real y todavía, por desgracia, actual– lo que era y sigue siendo nuestra asociación, Familias frente a la crueldad carcelaria, ahora que queremos llamar la atención sobre ella y la actividad que desarrolla para pedir la solidaridad económica que necesitamos, si queremos hacer frente a nuestros gastos de apoyo jurídico. Va a hacer dos años que salió de la cárcel el hijo de Lydia y Alfonso, gracias a la abogada de la asociación, que logró que le aplicaran una acumulación de penas que, por negligencia o mala intención judicial y penitenciaria, no se le había hecho de oficio. Después de más de doce años encarcelado, el muchacho salió con su salud mental gravemente deteriorada y con una causa pendiente, acusado falsamente de atentado por los carceleros, después de un pequeño incidente debido a su enfermedad mental, que el sistema punitivo no sólo se negaba a reconocer y tratar, sino que había respondido a sus síntomas encerrándole aún más, en régimen especial de castigo, después de contribuir al agravamiento de su estado por un tratamiento especial de tortura e inducción al suicidio que le aplicaron en Puerto I. En la calle, no ha podido levantar cabeza, encontrándose ahora mismo ingresado en un planta psiquiátrica, y aún corre el riesgo de volver a la cárcel por la indecente y estúpida acusación mencionada.
Lydia y Alfonso tienen un hijo que está privado de libertad desde hace más de diez años. Ha pasado por diferentes centros penitenciarios del Estado español y actualmente se encuentra preso a más de 600 kilómetros de su casa. Aparte de la distancia y el gasto económico que les supone visitar a su hijo, también denuncian el maltrato y las vejaciones constantes por parte de la administración penitenciaria a los que está sometido. Ambos forman parte de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, un espacio donde compartir experiencias y cuidados con otros familiares y amistades de personas presas, dar voz y atender las necesidades básicas como facilitar el acceso a la defensa o ropa.
Antes de que vuestro hijo entrara en prisión, ¿qué imagen teníais del sistema penitenciario?
Alfonso: Una imagen bien distinta. Lo disfrazan de una manera que hasta que no lo vives en primera persona es imposible que te des cuenta. Los medios de comunicación no informan sobre lo que pasa dentro de las cárceles, sólo dan voz a los funcionarios. Yo pensaba que las cárceles eran centros de reclusión donde las personas cumplían sus condenas de una forma digna. Pero ahora me he dado cuenta de que es todo lo contrario. Es una humillación tras otra. Las personas pasan a ser desechos humanos.
Lydia: Yo tampoco tenía la misma visión que tengo ahora que lo vivo en mi propia piel. Tenía la idea de que cuando alguien hacía algo ilegal debía cumplir su condena. Pero de forma normal, sin vejaciones, ni humillaciones, ni agresiones ni dejándolos sin asistencia médica. Todo esto para mí ha sido nuevo. Nuestra experiencia está siendo nefasta.
¿Cómo afecta la cárcel a vuestra vida diaria?
A.: De forma indirecta nosotros también estamos privados de libertad. Dependemos completamente de la institución penitenciaria. Hay unos horarios determinados en los que nos podemos comunicar, entonces tienes que dejar lo que estés haciendo, si quieres hablar con tu hijo. Las visitas son una vez a la semana, si estás cerca, y si estás lejos, cuando te lo puedes permitir económicamente. Los trasladan para que no puedas verlos. Y eso les desestabiliza como personas. Esta es la razón de muchos de los problemas que suceden después en las cárceles. Según ellos son culpa de los presos, dicen que un preso se vuelve agresivo de pronto, pero yo creo que son ellos los que provocan que los presos se pongan violentos.
L.: A mí principalmente me afecta psicológicamente. Cada vez que hablo con mi hijo me pregunto: ¿será el último minuto de su vida? ¿Lo volveré a oir? Cada vez que suena el teléfono de casa pienso que me van a decir que mi hijo ha muerto.
¿Con qué situaciones concretas os habéis encontrado?
A.: La que más nos afectó fue el episodio de tortura y el maltrato que sufrió nuestro hijo en la prisión de Aranjuez. Encima no pudimos visitarle, ni su abogada tampoco. Automáticamente le impidieron el acceso a las visitas, al médico forense, a las llamadas. No había manera de ver la gravedad de las heridas. Otro tema es cómo nos tratan a los familiares. Lo hacen como si también fuéramos reclusos, con un despotismo exagerado. Y encima tienes que callar porque, si decimos algo, lo castigarán a él. Le pueden quitar las visitas, dejarlo seis meses sin comunicación. Una vez ya estuvimos seis meses sin poder comunicar. Decían que le habían encontrado droga y nos acusaban a nosotros.
L.: Recibimos una citación como imputados. Yo me cabreé muchísimo. Evidentemente, al final nos absolvieron, pero los seis meses sin ver nuestro hijo no nos los quita nadie. Después de que le pegaron la paliza que comenta mi marido, lo dejaron hecho un cromo, no querían que la abogada viera en qué estado estaba mi hijo e inmediatamente lo trasladaron a Zuera para que no pudiera contactar con ella. Querían que se recuperara de las heridas antes de que ella lo visitara. Finalmente pudimos denunciarlo y el proceso va adelante. Por este caso he recibido amenazas telefónicas por parte de funcionarios, pero no tengo miedo.
¿Sentís que la sociedad os juzga por ser familiares de una persona presa?
A.: En mi entorno no. Siempre nos han apoyado. Vivimos en un entorno de clase trabajadora y nunca me he sentido juzgado por tener un hijo preso. No somos los únicos.
L.: Quien nos juzga son los funcionarios cada vez que vamos a verlo. Y luego están las vecinas que lo hacen por el morbo. Te quieren sacar información para luego contarlo por ahí.
¿Qué es la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria?
L.: Es una asociación creada por familiares y amigos de personas que están presas. También hay personas que han perdido familiares dentro de las cárceles. El objetivo es que los presos puedan tener abogados, que sienten que tienen personas fuera que les apoyan… Por ejemplo, hace poco hicimos una calçotada y vendimos libros para recoger dinero para la caja de resistencia y pagar abogados. Participar en estas actividades también nos sirve para socializar y evadirnos un poco de la realidad que vivimos.
A.: De momento es una asociación muy joven, estamos empezando. Hemos organizado talleres de autoayuda, cuidados y apoyo mutuo para las familias. Hablamos con personas que tienen el mismo problema y sufren como tú. Gracias a la asociación nos damos cuenta que no estamos solos.
Las personas presas, como cualquier otra y un poco más, necesitan muchos cuidados, una parte de los cuales, por exigencia legal, deberían serles proporcionados por la administración penitenciaria que les mantiene encerrados pero está obligada por sus propias leyes a velar al mismo tiempo por su salud y calidad de vida y a proporcionarles los medios para su reinserción social, la finalidad constitucional de las penas de cárcel. Desgraciadamente, no es sólo que eso no se cumpla, sino que el sistema penitenciario resulta muy destructivo tanto para quienes lo sufren encerrados como para sus familiares y allegados.
Torturas y malos tratos frecuentes e impunes. Régimen de castigo por aislamiento sumamente destructivo. Traslados arbitrarios y punitivos, desarraigantes, desocializantes. Abandono médico. Uso arbitrario de fármacos psicotrópicos. Enfermos mentales presos y, frecuentemente, en régimen de castigo. No excarcelación de enfermos graves y terminales hasta que no es inminente su muerte. Doble discriminacón de las mujeres presas, pues las cárceles están pensadas para hombres. Explotación laboral. Condenas muy largas en general, con dos tipos de cadena perpetua, en la que la resocialización es imposible. Alto índice de mortalidad, por enfermedad grave, sobredosis y suicidios principalmente. Indefensión jurídica manifiesta.
Para intentar enfrentarse a estas situaciones las familias deben hacer grandes esfuerzos, con gran impacto económico, psicológico y social, en su salud y en su vida, como si, no habiendo hecho nada, tuvieran que sufrir también una condena. Nuestra asociación la formaron en 2017 un grupo de mujeres que tenían familiares presos o los habían perdido: sus hijos, hermanos o compañeros habían muerto estando en prisión. Entre ellas, Pastora González, la madre de Xosé Tarrío, que fue para nosotras una compañera importante por su contagiosa energía y gran corazón. Empezamos con mucho ímpetu. El apoyo y el cuidado recíproco entre nosotras era nuestra principal fuente de energía. Con ayuda de una psicoterapeuta, hicimos varios talleres en los que aprender a articularlo. Encuentros personales, directos, entre nosotras, que aprovechábamos también para hacer asambleas y tomar decisiones.
Encontramos apoyo sobre todo en gente libertaria de Valencia que mantenía una cierta comunidad de lucha, integrándonos como un grupo más en su caja de resistencia. Esa ha sido durante años nuestra principal fuente de financiación. Nos movilizamos juntas durante varios años en actividades de recaudación y, además, haciendo concentraciones anuales frente a las cárceles de Picassent y Albocàsser y también en la Secretaría General de Institucionanes Penitenciarias, coordinándonos en lo posible con las luchas de las personas presas y con algunos grupos anticarcelarios de la calle y buscando el contacto directo con la gente que sufría los mismos problemas que nosotras. También intentamos comunicarnos a través de redes sociales y otros recursos en internet. Nuestros gastos han sido mayormente los que nos ha ocasionado la necesidad de contar con abogados para denunciar e intentar buscar reparación ante las vulneraciones de los derechos de nuestra gente.
Aquella sinergia casi se ha roto. Pastora murió y otras compañeras han ido abandonando la asociación. Pero, aunque un poco agotadas, aún quedamos unas cuantas y, sobre todo, aún tenemos gastos sin cubrir y casos abiertos. Uno de ellos, por ejemplo, el de un muchacho que murió en prisión. Otros dos de enfermos mentales presos, uno de los cuales hemos conseguido que salga, pero persiste su enfermedad psíquica y aún le quedan causas pendientes, acusado por los carceleros, de cuando aún estaba preso y en régimen de aislamiento. El otro sigue preso y en régimen de castigo sin ningún tratamiento adecuado. Otros casos son de grandes condenas.
Nos dirigimos una vez más a personas y grupos afines para pediros vuestro apoyo en el desarrollo de la campaña de crowdfunding que estamos preparando. Nos vendría bien un poco de ayuda económica, desde luego, pero es tanto o más importante la comunicación y la solidaridad práctica, que crezca en lugar de ir a menos como parece suceder de un tiempo a esta parte. Es necesario afrontar lo que pasa en las cárceles, actuar día a día frente a ello. ¡No nos dejéis solas! ¡No dejemos sola a la gente encarcelada!
QUIÉNES Y CÓMO
Somos familiares de personas presas y gente que mantiene relaciones de amistad y solidaridad con algunas de ellas. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar las condiciones de existencia crueles, inhumanas y degradantes que se imponen a nuestros seres queridos encerrados en las cárceles, y hacer lo necesario para detener esa crueldad, inhumanidad y degradación. Nuestro primer propósito es documentar y denunciar, tanto públicamente como en los tribunales, todas esas vulneraciones de derechos, enmascaradas hipócritamente tras el “principio de reinserción social” como finalidad del poder punitivo del Estado. Principio proclamado en la constitución y en las leyes penales, pero desvirtuado e incluso abolido por la verdadera práctica social y política.
Aunque nuestra intención es defender a las personas vivas y evitar nuevas pérdidas, muchas de nosotras hemos sufrido la muerte de nuestros hijos o hijas, hermanos o hermanas, compañeros o compañeras, personas supuestamente confiadas al “cuidado” de las instituciones estatales. Uno de los problemas más graves entre los que tenemos que afrontar, tanto si hemos sufrido una muerte como el alejamiento forzado de alguien muy próximo, es nuestro propio dolor, nuestro miedo y nuestra rabia por lo que nos ha sucedido. Emociones negativas, muy a menudo insoportables, incluso destructivas. Son como una condena suplementaria que sufrimos sin acusación ni delito. Y esa es, en principio, la experiencia común que nos une.
Pero queremos transformar nuestro vínculo por medio del conocimiento, la comprensión y el cuidado mutuos. Fortalecerlo a través de la solidaridad y el diálogo, de la elección de objetivos comunes y de los medios para alcanzarlos, del trabajo compartido en la práctica correspondiente. Queremos aprender de nuestro dolor, darle la vuelta contra lo que lo ha causado, canalizarlo de una forma constructiva, para que, en vez de hacernos un daño irreparable, se convierta en la fuerza que nos mueva en el intento de que lo que nos ha sucedido a nosotras no pueda seguir ocurriendo ante la indiferencia general. Queremos cuidar a nuestra gente y cuidarnos nosotras, cada una a sí misma y todas a todas. Defender a nuestras personas queridas y defendernos nosotras de todas las injusticias, agresiones y abusos, tergiversaciones y mentiras que hemos sufrido, estamos sufriendo o nos amenazan.
Queremos dar a conocer los abusos y atropellos, la violencia que se nos infiere, desenmascarando la mentira de que hay justicia, de que cada cual tiene lo que se merece, cuando la verdad es todo lo contrario. ¿Se han merecido nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras todo lo que les han hecho sufrir? ¿Nos lo merecemos nosotras? Queremos luchar por la justicia y la verdad, reclamarlas activamente, construir día a día nuestra propia perspectiva de las mismas. Proclamar, describir, analizar la triste y cruel realidad que conocemos por experiencia. Señalar todo lo que se debe cambiar en ella. Cambiarlo efectivamente en la medida de nuestras fuerzas. Y hemos visto que, para ello, además de ese cuidado mutuo que sería la base de nuestro proyecto, necesitamos, entre otras, algunas herramientas de comunicación.
Frente a la gente en general. Frente a la llamada “opinión pública, excesivamente manipulada, a nuestro juicio, como para merecer ese nombre. Frente a la sociedad, si es que se puede llamar así a alguna entidad real que no sea el mercado. Y, preferentemente, frente al Estado, sus instituciones y agentes. Para visibilizar, señalar, denunciar todas esas situaciones de deshumanización, discriminación y carencia. Para argumentar, reivindicar, demostrar la necesidad de atenderlas, de hacer lo necesario para que no puedan volver a producirse. Aquí necesitaríamos también, evidentemente, asesoramiento y apoyo jurídico, para denunciar todo lo denunciable, reclamar y contribuir a hacer justicia, en la medida que sea posible por esos medios; para ponerlo en evidencia, si es imposible. Y, todavía más, necesitaríamos estrategias de movilización, para hablar cara a cara a la gente de la calle y a las autoridades responsables, y encontrarnos entre nosotras, directa y personalmente, unidas y en pie ante los problemas, sus planteamientos y posibles soluciones.
Porque la más importante es la comunicación que logremos entre nosotras mismas, familiares, amistades y apoyos de las personas presas y, sobre todo, con ellas, incluidas en la comunidad que seamos capaces de formar. Pues no podemos permitir que unos mecanismos sociales tan perniciosos e injustos como los punitivos las separen a ellas de esa comunidad, desarticulándola, dividiéndonos para que venzan intereses y poderes que nada tienen que ver con los nuestros. Del diálogo directo entre nosotras, de la discusión respetuosa, horizontal y transparente, firmemente asentada sobre la solidaridad entre todas, tiene que surgir nuestro proyecto común, diseñado día a día desde la reflexión colectiva, de manera que la participación, la responsabilidad y la libertad de cada cual garanticen las de todo el colectivo. Lo que hagamos para extender armoniosamente esa comunidad equivale a la búsqueda de las afinidades y alianzas que necesitamos para constituir la fuerza que nos permita defendernos y defender a nuestra gente, como ya hemos dicho.
Hacemos, por tanto, un llamamiento a unirnos y coordinarnos en la creación y realización de ese proyecto, a todas las familias, amistades y vecindario de personas presas y a toda persona sensible y respetuosa de la dignidad humana. Y, especialmente, nos parece indispensable la colaboración con los profesionales de la abogacía, la medicina, la psicología, la investigación social… que trabajen en este campo en el mismo sentido que nosotras. Así como con quienes participan en proyectos de oposición a la cultura del castigo, grupos de apoyo a personas presas, asociaciones abolicionistas o garantistas, dedicadas, por ejemplo, a la defensa concreta de los derechos humanos o a la prevención y denuncia de la tortura. Partiendo del respeto mutuo, del diálogo igualitario, de la autonomía de cada grupo y persona y de la coordinación horizontal de los esfuerzos de todas, deberíamos intentar actuar al unísono configurando la fuerza social, la comunidad de deseos, intereses y procedimientos necesaria para el logro de nuestros objetivos.
Bajo la acción de los sistemas penal y penitenciario españoles que, según proclaman las leyes que supuestamente los crean y regulan, deberían proteger y garantizar el ejercicio de nuestros derechos y libertades, se imponen todos los días a las personas presas toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las torturas y maltratos son frecuentes en las cárceles. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a quienes lo padecen. Se traslada arbitrariamente a la gente, muchas veces con intención punitiva o como represalia por una actitud reivindicativa, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con el exterior, imponiendo despóticamente intervenciones de las mismas y todo tipo de restricciones. El acceso a la cultura es casi inexistente y se puede prohibir, por ejemplo, cualquier libro o publicación, por “motivos de seguridad”. La explotación laboral es enorme, llegando a cobrar muchos trabajadores presos salarios de alrededor de un euro la hora y, a veces, menos.
En las cárceles de mujeres se sufre una doble discriminación, por presas y por mujeres. Empezando porque en su mayor parte no son más que pequeños departamentos en prisiones pensadas para hombres, donde malviven hacinadas, con menos recursos económicos o materiales y menores opciones en cuanto a uso de instalaciones, actividades educativas, culturales, recreativas o laborales, con trabajos especialmente alienantes y todavía peor pagados. Se les exige mayor docilidad y sumisión que a los hombres, sufriendo un porcentaje superior de sanciones y clasificaciones en primer grado, pese a ser menos agresivas. Al no haber departamentos de régimen cerrado más que en unas pocas prisiones, las tildadas de «conflictivas» son trasladadas automáticamente lejos de su gente. Lo mismo que cuando el único módulo de mujeres de una cárcel lo hacen «de respeto» y alguna no quiere someterse forzadamente a un «contrato terapeútico» que implica un tratamiento especialmente estricto y humillante. Igualmente, como existen pocas «unidades de madres», quien tenga alguna criatura menor de tres años, debe elegir entre renunciar a la convivencia con ella y la conducción, con el consiguiente desarraigo social y familiar. Y son frecuentes los abusos sexuales por parte de los carceleros.
La situación sanitaria general es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unos cuidados médico-sanitarios iguales a los de cualquier ciudadano, y se abandona a las personas enfermas sin proporcionarles, como en el caso de quienes padecen hepatitis C, la medicación y los tratamientos que podrían curarles, ya que la autoridad penitenciaria se niega a sufragarlos, aun desobedeciendo decisiones judiciales. La deuda acumulada de Instituciones Penitenciarias con la sanidad autonómica, a la que se ha encomendado la atención hospitalaria de las personas presas sin ninguna dotación presupuestaria, es de cientos de millones de euros. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberadas las personas presas con enfermedades graves, incurables y terminales, más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo.
El tráfico de drogas ilegales está consentido y, además, se proporciona a las personas encarceladas todo tipo de drogas legales adictivas, sin apenas control médico, para que no molesten. Quienes sufren alguna enfermedad psiquiátrica constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide. Los médicos son a menudo cómplices de los frecuentes malos tratos, al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. La mortalidad es en las cárceles mucho más alta que en la calle y menudean las muertes atribuidas muchas veces a causas como «suicidio», «sobredosis» o » muerte súbita» y ocurridas en circunstancias extrañas y dudosas, que nunca se aclaran, pues no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Tanto las personas presas como sus familias están indefensas ante todas esas negligencias y vulneraciones de la ley, y frente a multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los presos, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
La llamada “opinión pública” no solamente calla ante esta situación, sino que difunde mayoritariamente los discursos demagógicos del populismo punitivo o la visión interesadamente distorsionada de los sindicatos de carceleros, que quieren defender sus condiciones de trabajo acusando a las personas presas de agredirles frecuentemente a ellos, inventando, exagerando y tergiversando los episodios reales de violencia que, como sabe cualquiera que conozca las cárceles de cerca, recae rutinariamente sobre las personas presas afectadas por esa acumulación de agresiones institucionales, y no sobre los “profesionales” carceleros.
POR QUÉ MUERE NUESTRA GENTE EN LAS CÁRCELES
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención o su privación como castigo. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos muy graves y con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesionales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que más de la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario permanezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resul-tantes. El tráfico de drogas ilegales está con-sentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad –muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»– es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimientos en extrañas y dudosas circunstancias, nunca aclaradas, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se ofrece a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las autoridades carcelarias y judiciales que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la «tutela judicial efectiva» de los derechos de las personas presas, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Algunas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Nos dirigimos a toda persona o grupo que pueda sentir alguna solidaridad o afinidad con nosotras para pediros vuestro apoyo. Queremos hacer una campaña de “micromecenazgo” (crowfunding) para hacer frente a nuestros gastos pendientes y poder mirar hacia el futuro con un poco más de tranquilidad. Os agradeceríamos cualquier tipo de colaboración, económica, de difusión, o del tipo que se os ocurra. Esto es un primer contacto. Habrá más, y os avisaremos cuando iniciemos la campaña.
Familias frente a la crueldad carcelaria